El Ministerio de Salud recibió a representantes de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) y la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), en una reunión convocada por las advertencias sobre el impacto que tendría el Decreto 333 en la red de salud pública.
La cartera de salud defendió la magnitud del ajuste. Según sus cifras, la reducción equivale a cerca del 0,9% del presupuesto vigente y el gobierno acumula ahorros superiores a 100 mil millones de pesos. La postura oficial es que se trata de una medida controlada.
Alcaldes y dirigentes gremiales advirtieron, sin embargo, que incluso ajustes de esa escala pueden repercutir en la operación de consultorios y Centros de Salud Familiar (Cesfam). Estos establecimientos concentran la mayor demanda del sistema público y atienden principalmente a personas sin acceso a la medicina privada. Para sus administradores municipales, cualquier reducción de recursos se traduce en menos horas médicas, menos insumos y atención más restringida.
La disputa revela una brecha de perspectivas: el gobierno presenta el Decreto 333 como un porcentaje menor del presupuesto total, mientras los municipios lo experimentan en lo que pueden ofrecer cada día en sus consultorios. Las dos asociaciones municipales quedaron a la espera de definiciones concretas sobre cómo proteger la atención primaria de los efectos del recorte.
