El Colegio María Auxiliadora de Viña del Mar informó que las clases comenzarán el 4 de marzo y que el personal docente deberá presentarse el 2 de marzo, pese a un proceso judicial por el arriendo del inmueble, según reportes de BioBioChile.

En los antecedentes judiciales incorporados al expediente, la Inmobiliaria Playa Mansa Cinco Norte solicitó al tribunal ordenar el lanzamiento de la fundación y de cualquier ocupante con auxilio de la fuerza pública, pidiendo además facultades de allanamiento y descerrajamiento. En lenguaje legal, lanzamiento significa la ejecución de una orden de desalojo emitida por la justicia, y descerrajamiento se refiere a abrir forzadamente accesos si fuera necesario.

La inmobiliaria sustenta su petición en que, según su presentación, quedó firme una resolución que accedió al lanzamiento luego de un acercamiento practicado el 9 de febrero por un receptor judicial, y que la parte demandada se negó a restituir el inmueble. Estos puntos constan en los escritos del juicio, según BioBioChile.

Paralelamente, la Superintendencia de Educación designó a Teobaldo Vergara como administrador provisional. La Superintendencia explicó que una vez concretado ese trámite el administrador provisional asume el rol de sostenedor y que la fiscalización de la autoridad se limita a ese marco, por lo que no se pronunciarán adicionalmente sobre el litigio civil, según el organismo.

El Tribunal Civil de Viña del Mar, por su parte, rechazó por ahora que el administrador provisional intervenga formalmente en la causa por el arriendo, lo que deja la disputa legal en curso y sin una resolución ejecutoria inmediata.

La situación mantiene inquietud entre apoderados y estudiantes. Muchos buscan alternativas ante la falta de un plan alternativo claro por parte de la administración del colegio, como traslados temporales o sedes provisionales. La continuidad del servicio educativo es la principal preocupación de las familias a pocos días del inicio del año escolar.

Desde el punto de vista legal, el proceso sigue en manos del tribunal civil y la inmobiliaria puede intentar ejecutar el lanzamiento si la resolución es firme y se autoriza su cumplimiento. En términos prácticos, un lanzamiento con auxilio de la fuerza pública implicaría la intervención de organismos estatales para materializar el desalojo, lo que podría afectar la disponibilidad del establecimiento para dictar clases.

Lo que sigue es que el tribunal decida sobre las solicitudes de la inmobiliaria y sobre la intervención del administrador provisional, y que el sostenedor o el administrador entreguen a la comunidad educativa un plan operativo que garantice la continuidad de la educación. Mientras tanto, apoderados y docentes vigilan próximos movimientos judiciales y las señales que entregue la administración del colegio y la Superintendencia de Educación.

Fuentes: expedientes judiciales citados en la cobertura de BioBioChile, la Superintendencia de Educación y el Tribunal Civil de Viña del Mar.