El exministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson reapareció en televisión en el programa Las caras de La Moneda, conducido por Mario Kreutzberger (Don Francisco), a dos días del término del mandato del Presidente Gabriel Boric. En la emisión abordó su salida del gabinete y el episodio del robo de computadores en su cartera.

Jackson, exdiputado y quien asistió al programa sentado entre la ministra vocera Camila Vallejo y Paula Carrasco, la pareja del presidente Gabriel Boric, aseguró que su renuncia no obedeció al caso de transferencias entre organismos públicos y fundaciones, conocido como el caso Fundaciones. Dijo que, de no haber ocurrido ese episodio, posiblemente habría permanecido en el cargo hasta el final, como lo hicieron algunos ministros.

Sobre el robo de computadores en el Ministerio de Desarrollo Social, Jackson señaló que la investigación judicial determinó que se trató de un robo común y que actualmente seis personas están condenadas por ese hecho. "No hay casi noche en la que no piense si hay alguna forma de saber quién estuvo detrás de eso, pero al parecer la justicia llegó a la conclusión de que fue un robo común", dijo el exministro. Añadió que han pasado dos años y medio desde las querellas y que nadie ha presentado diligencias o pruebas que lo vinculen.

En la conversación, Jackson también hizo un mea culpa por el rol que, según su criterio, tuvo el oficialismo cuando fue oposición. No entregó detalles procesales adicionales sobre ese reconocimiento, pero señaló que la combinación de factores —el caso Fundaciones y el robo de computadores— gatilló una relación tensa con la oposición que terminó condicionando negociaciones clave, como las sobre pensiones.

Históricamente, las salidas ministeriales bajo presión de la oposición han servido para desbloquear negociaciones en Chile, en particular en materias previsionales. En este episodio, la oposición obtuvo capacidad de negociación al fijar la salida de un ministro como requisito para sentarse a discutir reformas, lo que implica una ganancia política para sectores opositores y una pérdida de capital político para Jackson y, en menor medida, para el Ejecutivo.

Para el ciudadano común, el efecto es doble. Por un lado, la aclaración de que la justicia consideró el robo como un delito común y las condenas pueden ofrecer una sensación de cierre. Por otro, la persistencia de dudas públicas sobre responsabilidades y la admisión de errores políticos profundizan la desconfianza en las prácticas partidistas y en la calidad del diálogo político, justo en la recta final de un gobierno que deja temas pendientes como las reformas previsionales.

Quedan por delante preguntas políticas y públicas: cómo se traducirá ese mea culpa en cambios de práctica dentro de los partidos del oficialismo, qué lecciones extraerá la oposición para futuras negociaciones, y si la aclaración judicial sobre el robo cerrará definitivamente el capítulo mediático y político en torno a Jackson. Mientras tanto, la sentencia y la investigación judicial sobre el robo siguen siendo el punto de referencia para quienes buscan responsabilidades penales.