El Consejo Fiscal Autónomo (CFA), el organismo independiente que monitorea las finanzas del Estado, lanzó una advertencia directa: la deuda pública chilena superará el 45% del Producto Interno Bruto (PIB, la medida de todo lo que produce el país) que el gobierno de Gabriel Boric prometió como techo para 2030.

El diagnóstico del CFA es duro. En su informe semestral, el organismo señaló que los resultados fiscales recientes muestran "un deterioro persistente del Balance Estructural", la medida que descuenta los efectos del ciclo económico y del precio del cobre para evaluar la verdadera salud de las finanzas públicas. Para 2026, las presiones de gasto superan los recortes que el Ejecutivo ya implementó.

El gobierno había trazado una ruta que comprometía llegar a 2030 con un déficit estructural de 1,5% del PIB y la deuda estabilizada en 45% del PIB. El CFA descarta que esos números sean alcanzables sin medidas adicionales de carácter permanente.

La brecha es visible ya este año. La Dirección de Presupuestos (Dipres, el organismo que administra el gasto público) proyecta para 2026 un déficit estructural de 3,7% del PIB. Con la nueva metodología propuesta para calcular el Balance Estructural, esa cifra mejora a 2,8%, pero sigue por sobre la meta del Ministerio de Hacienda, que comprometió 2,6% del PIB para ese año. Dicho de otra forma: incluso bajo el escenario más favorable de medición, el gobierno quedaría por sobre su propio objetivo.

El CFA también advirtió que el problema no es exclusivo de la administración actual. En las últimas dos décadas, las finanzas públicas acumularon un deterioro estructural porque los compromisos de gasto se aprobaron asumiendo que la recaudación tributaria crecería más de lo que finalmente ocurrió. Cuando las estimaciones resultaron optimistas, el déficit creció de todas formas porque los gastos ya estaban comprometidos por ley.

En materia de ingresos, el Consejo valoró que la Dipres corrigió a la baja sus estimaciones de recaudación asociadas a la Ley de Cumplimiento Tributario (LCT), legislación promulgada para combatir la evasión fiscal. Sin embargo, advirtió que persisten riesgos en al menos dos frentes específicos que el informe detalla pero que la información disponible no alcanza a precisar completamente.

El CFA fue explícito en su exigencia: el Ejecutivo debe avanzar con "la materialización de medidas correctivas adicionales" para cumplir la meta de Balance Estructural de 2026. Sin esas medidas, la brecha entre el déficit proyectado de 2,8% del PIB y el compromiso de 2,6% seguirá abierta.