En Santiago, este martes, Gustavo Alessandri, alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, pidió al Ejecutivo aclarar su postura sobre el financiamiento de los municipios ante la megareforma promovida por el gobierno de José Antonio Kast. “No puede ocurrir es que tengamos dos versiones sobre un mismo tema. Aquí se requiere claridad, coherencia y una señal política unificada”, afirmó.
Según la AChM, las declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y del subsecretario de Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa, resultan contradictorias. Quiroz aseguró que «no es materia de su cartera intervenir en el gasto de los municipios», mientras que Figueroa sostuvo que “el apoyo a las comunas debe ir acompañado de exigencias en materia de probidad, transparencia y rendición de cuenta”.
“Lo que no puede ocurrir es que tengamos dos versiones sobre un mismo tema. Aquí se requiere claridad, coherencia y una señal política unificada. No es serio ni responsable generar incertidumbre en un tema tan sensible como el financiamiento de los municipios”, insistió Alessandri.
El alcalde de Zapallar subrayó que el Fondo Común Municipal no se toca. Es el principal instrumento de redistribución solidaria entre comunas y permite que municipios con menos recursos puedan cumplir funciones básicas para sus vecinos. Cualquier medida que lo afecte debilita directamente al Estado en su nivel más cercano a la ciudadanía, afirmó.
“Si alguna política de la megarreforma implica disminución de ingresos, también se debería considerar algún método de compensación de los recursos afectados. La reposición debe ser del 100%. No hacerlo significa trasladar el costo de una decisión nacional a los municipios, afectando su autonomía real y su capacidad de gestión. Con el municipalismo no se juega”, señaló.
Desde la AChM se sostiene que la discusión debe contextualizarse históricamente: el financiamiento municipal ha sido un eje central de la descentralización y la solidaridad intercomunal en Chile, y cualquier cambio debe cuidarlo para evitar debilitar la capacidad de gestión de las comunidades locales. En ese marco, la organización advierte que la claridad y la coherencia en el mensaje del Ejecutivo serán determinantes para evitar daños a la autonomía municipal y a la confianza ciudadana.