Moody's Ratings señaló que el cierre presupuestario de 2025 mostró un déficit fiscal efectivo más alto de lo previsto, y llamó la atención sobre la dirección que tomará la política fiscal del nuevo gobierno. La advertencia la formuló Kathrin Muehlbronner, vicepresidenta senior para Soberanos en Moody's Ratings, tras revisar el informe de ejecución presupuestaria.
De acuerdo con Moody's, el déficit efectivo de 2025 alcanzó 2,8% del PIB (Producto Interno Bruto), cifra que la agencia usa como comparador internacional. Muehlbronner calificó el déficit estructural del año pasado como “una sorpresa negativa”, aunque señaló que el ratio de la deuda pública se estabilizó por primera vez en muchos años y que, en términos comparativos, los indicadores fiscales de Chile resultan similares a los de países con calificaciones semejantes.
En paralelo, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) analizó las cifras presentadas por la Dirección de Presupuestos, Dipres, en la reunión del 13 de febrero. Javiera Martínez, directora de la Dipres, expuso las principales cifras del Informe de Finanzas Públicas correspondiente al cuarto trimestre de 2025. Los consejeros manifestaron inquietud por las proyecciones de ingresos para 2026 y advirtieron sobre el riesgo de una nueva sobreestimación, asunto ya señalado por el CFA en su informe semestral de octubre de 2025.
El próximo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha prometido ejecutar un recorte de US$ 6 mil millones para sanear las cuentas fiscales. Moody's enfatizó que la política fiscal del nuevo gobierno y los esfuerzos por acelerar la inversión serán determinantes para la trayectoria de la calificación soberana.
Históricamente, Chile ha sido valorado por mercados e agencias por su disciplina fiscal y por marcos institucionales como la Dipres y el Consejo Fiscal Autónomo. El giro actual, con un déficit mayor al estimado y dudas sobre las proyecciones de ingresos, reabre ese debate. Quien gana si se consolidan ajustes son los acreedores y la estabilidad macroeconómica; quien pierde puede ser el gasto público discrecional y usuarios de servicios si los recortes impactan programas sociales o inversión pública.
Para el ciudadano, la disputa se traduce en opciones concretas: mayor presión tributaria, recortes a programas o demoras en proyectos de inversión estatal. En ese contexto, la prioridad para el nuevo gobierno será mostrar medidas creíbles que reduzcan el déficit sin paralizar la inversión, porque la evaluación de las agencias y los mercados dependerá tanto de la consolidación fiscal como del crecimiento sostenido.
En las próximas semanas habrá que seguir dos señales clave: las especificaciones del ajuste que presente el Ministerio de Hacienda y cómo ajusta la Dipres sus proyecciones de ingresos para 2026. Esos pasos definirán si la sorpresa de 2025 fue un episodio aislado o el inicio de una corrección más profunda en la gestión fiscal chilena.
