Las Crucitas fue escenario de un fallido proyecto minero y hoy, según reportes, permanece bajo control de mineros ilegales que usan químicos y prácticas peligrosas para la salud y el medioambiente.

El hecho, La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, se reunió con líderes de la oposición en el Congreso en San José para presentar su agenda legislativa. Propuso priorizar dos iniciativas en las semanas que quedan del actual periodo legislativo, que termina el 1 de mayo: la reactivación de la minería de oro en Las Crucitas y un tren eléctrico interurbano.

Sobre la minería, Fernández plantea reactivar la exploración y explotación en Las Crucitas mediante un modelo de concesiones. El proyecto propone crear una “Planta de Procesamiento Centralizada de Las Crucitas”, eliminar el uso de mercurio, y obligar al cumplimiento de estándares ambientales. El Estado recibiría el 5% de las ganancias, y el Ministerio de Ambiente y Energía sería responsable de adjudicar concesiones por subasta.

La propuesta ya tiene rechazo de ambientalistas y de parte de la oposición, que advierten riesgos ecológicos. Fernández defendió la medida como una forma de regular una actividad que, dijo, hoy opera sin control estatal.

En movilidad, la otra prioridad es un tren eléctrico de 51 kilómetros con 30 estaciones y dos líneas que unirían Cartago, San José, Heredia y Alajuela. El costo estimado es de 800 millones de dólares, con financiamiento por 250 millones del Banco Europeo de Inversiones, el banco de la Unión Europea, y 550 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica, el banco regional de desarrollo (BCIE).

Consecuencias, quién gana y quién pierde. Ganarían el Estado y concesionarios formales si se concretan ingresos y se reduce la minería ilegal. Perderían grupos ambientalistas y comunidades que temen impactos en cuencas y biodiversidad. Los mineros ilegales podrían ser desplazados, lo que puede generar tensiones locales.

Relevancia para Chile y la región. El debate es un antecedente para América Latina sobre formas de regular minería aurífera y sobre cómo conciliar seguridad jurídica con estándares ambientales. Puede interesar a empresas mineras regionales y a inversores chilenos del sector. Además, el financiamiento del tren pone en juego a instituciones multilaterales que también operan en proyectos de infraestructura en Chile.

en ese contexto la urgencia temporal es clave: el periodo legislativo vence el 1 de mayo, por lo que el avance dependerá de apoyos rápidos en el Congreso. Quedan preguntas técnicas sin responder en los anuncios, como estudios de impacto ambiental, especificaciones para eliminar el mercurio, y el diseño de las subastas. Habrá que seguir la tramitación, los informes ambientales y la posición de los organismos multilaterales que financiarán el tren.