La diputada Lorena Fries, del Frente Amplio y representante del distrito 10, ofició este miércoles al Ejecutivo y a otros organismos del Estado. Busca aclarar qué falló durante los sistemas frontales que golpearon a la Región Metropolitana en octubre.
De acuerdo con BioBioChile, los oficios llegaron a nueve instituciones: el Ministerio del Interior, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, Energía, la Subsecretaría de Telecomunicaciones, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), la Superintendencia de Servicios Sanitarios y la Delegación Presidencial Regional Metropolitana.
"He considerado necesario oficiar a diversos organismos del Estado para esclarecer qué falló y, a partir de entonces, se puedan establecer las responsabilidades y corregir aquello que no está funcionando", sostuvo la parlamentaria.
La solicitud surge tras dos episodios. El jueves 8 de octubre, las tormentas provocaron un aluvión en Las Condes. El martes 13, hubo graves afectaciones en Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macul, La Granja y San Joaquín. Todas esas comunas forman parte del distrito de Fries.
La diputada puso el foco en las alertas que emitieron los organismos técnicos antes de cada emergencia. "Las advertencias meteorológicas eran conocidas, por eso las autoridades deben explicar qué medidas adoptaron y por qué no fueron suficientes", afirmó. Agregó que los registros conocidos muestran que "incluso, la vida de las personas estuvo en riesgo".
Según Fries, si las autoridades no lograron anticipar las consecuencias, "al menos tienen que responder por las fallas en los sistemas de alerta, prevención y en los planes de mitigación".
Los oficios piden información sobre cinco puntos, según la competencia de cada organismo. El primero apunta a las acciones de prevención y preparación. El segundo, a la respuesta ante la emergencia y la reposición de servicios básicos e infraestructura dañada.
El tercero aborda la coordinación entre organismos públicos y empresas concesionarias o prestadoras de servicios, como las eléctricas y sanitarias. El cuarto se refiere a la atención de grupos de especial protección: personas electrodependientes, adultos mayores, personas con discapacidad y en situación de calle.
El quinto punto exige una evaluación de lo ejecutado, las lecciones aprendidas y las mejoras previstas. Las fuentes no detallan el plazo que tendrán los organismos para responder.
En paralelo, el Gobierno ya fijó posición sobre el financiamiento. El subsecretario del Interior, Pavez, descartó usar el 2% constitucional para emergencias y sostuvo que los gobiernos regionales pueden destinar recursos de su propio presupuesto, mecanismo autorizado en julio.
