La Contraloría General de la República dictaminó este mes que el tiempo de colación no se imputa a la jornada laboral de las personas que trabajan en servicios descentralizados del Estado y que están regidos por el Código del Trabajo. A partir del 26 de abril, cuando entra en vigor la reducción de la jornada a 42 horas semanales, estos trabajadores deberán dedicar un total de 44,5 horas a la labor, sumando 42 horas de jornada y 2,5 horas de colación si se considera una media hora de lunes a viernes. Este criterio aplica para quienes realizan su trabajo bajo normas del Código del Trabajo y es considerado obligatorio, sin posibilidad de negociarlo en contratos individuales o colectivos.

El dictamen Número D136 de Contraloría se apoya en el decreto 1.897 de 1965, norma que regula la actividad laboral tanto en el sector público como en el privado. En su texto, la legislación señala un ámbito de aplicación que abarca fábricas, empresas estatales, establecimientos educacionales, bibliotecas públicas y museos, servicios estatales, bancos y tribunales de Justicia, entre otros rubros. Entre los ejemplos mencionados por CIPER se encuentran el Hospital de Carabineros, la Comisión Nacional de Acreditación, el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, el Servicio Nacional de Migraciones y el Servicio Nacional Forestal. El uso de la norma, según la publicación, tendería a extenderse a otras entidades estatales como Codelco, BancoEstado o ENAP si la interpretación se mantiene conforme al decreto de 1965.

La Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, solicitó reconsideración de la resolución y cuestionó el alcance del criterio, advirtiendo sobre el impacto para miles de trabajadores. CIPER consultó a Contraloría sobre posibles ampliaciones del razonamiento a empresas estatales; la entidad no descartó dicha posibilidad. En el contexto chileno, la decisión se enmarca en un debate más amplio sobre la implementación de la reducción de la jornada y la forma de contabilizar derechos laborales para funcionarios y trabajadores bajo distintos regímenes.

De cara al país, la resolución arroja un claro efecto práctico: para aquellos empleados en servicios descentralizados del Estado que se rigen por el Código del Trabajo, la jornada laboral efectiva podría superar las 42 horas semanales cuando se sumen las horas de colación, lo que eleva el total semanal a 44,5 horas. Este fenómeno genera tensiones entre trabajadores y empleadores y alimenta conversaciones sobre posibles ajustes normativos o acuerdos que representen un equilibrio entre productividad y dignidad laboral. Se espera que la ANEF y otros actores formales desarrollen nuevas iniciativas para clarificar procedimientos y posibles compensaciones o mecanismos de negociación en el corto plazo.

En resumen, el fallo de Contraloría establece un marco claro para la contabilización del tiempo de colación en un segmento relevante del sector público chileno, con implicancias directas para la implementación de la jornada de 42 horas a partir de abril y posibles extensiones a otras entidades estatales.