En la mañana del 16 de diciembre de 2025, en el octavo piso de Agustinas 1382, Claudio Araya, subsecretario de Telecomunicaciones de Chile, recibió a Shuai Liu, gerente general de CMI Chile SpA, en una reunión solicitada mediante la plataforma de Lobby de la institución. El encuentro, consignado como presentación de “proyectos en marcha”, trató el estado del otorgamiento del decreto de concesión para el cable submarino China Chile Express.

El proyecto China Chile Express, impulsado por la empresa que representa a China Mobile en Chile, pretende conectar ambos países por fibra óptica a través del océano Pacífico. Esa iniciativa compite directamente con el proyecto Humboldt, promovido por Google, empresa estadounidense que plantea un enlace desde Valparaíso a Sydney y conexiones posteriores hacia Singapur y Hong Kong.

Dos meses después de la reunión, Estados Unidos revocó las visas de tres altos funcionarios chilenos: Juan Carlos Muñoz, ministro de Transportes; Claudio Araya, subsecretario de Telecomunicaciones; y Guillermo Petersen, jefe de gabinete del ministerio. La decisión de Washington se enmarca en advertencias previas del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, quien se reunió con el ministro Muñoz, la ministra de Defensa Adriana Delpiano, el ministro de Seguridad Lus Cordero y el canciller Alberto van Klaveren para exponer supuestas operaciones de espionaje en el sector de telecomunicaciones.

El hecho tiene un precedente regional y global. En la última década Estados Unidos ha limitado la presencia de empresas chinas en infraestructura crítica, como ocurrió con restricciones a fabricantes de equipos de red. Esa línea de acción traslada ahora la disputa al plano de los cables submarinos, infraestructura estratégica que condiciona tráfico de datos y seguridad.

Políticamente, la sanción de Washington tensiona la relación bilateral y abre un debate interno sobre soberanía versus seguridad. El gobierno chileno, incluido el presidente Gabriel Boric, ha rechazado la medida, calificándola de arbitraria. Desde la mirada estadounidense, la acción busca reducir riesgos de espionaje; desde la mirada de sectores proinversión, puede interpretarse como un freno a la competencia y a opciones de conectividad que podrían abaratar costos.

Quién gana y quién pierde está por verse. Estados Unidos refuerza su influencia en estándares de seguridad y podría favorecer a proyectos con participación estadounidense, como el Humboldt de Google. China Mobile y sus socios pierden impulso público y enfrentan mayor escrutinio. Los ciudadanos podrían verse afectados por retrasos en proyectos de conectividad que prometen mayor capacidad y redundancia del tráfico internacional.

En ese contexto, la aprobación del decreto de concesión del cable podría demorarse, y el Gobierno deberá equilibrar presión diplomática, criterios técnicos de seguridad y expectativas de desarrollo digital. Quedan además interrogantes sobre el rol del lobby en la gestión pública y la transparencia en las decisiones sobre infraestructura crítica. La próxima etapa será la respuesta oficial de las autoridades técnicas de Subsecretaría de Telecomunicaciones, y si existen investigaciones formales sobre las implicancias de seguridad alegadas por Estados Unidos.