En la audiencia de formalización contra el exfiscal regional metropolitano oriente Manuel Guerra, el imputado fue formalizado por los delitos de cohecho agravado, prevaricación administrativa y violación de secreto, y planteó serias dudas sobre la forma en que el Ministerio Público obtuvo mensajes de WhatsApp intercambiados con el abogado Luis Hermosilla. Guerra tomó la palabra para afirmar que la Fiscalía habría excedido las autorizaciones judiciales para acceder a esos diálogos.

El exfiscal, Manuel Guerra, cuestionó la versión ofrecida por la persecutora Lucía Parra —según las actas citadas en la audiencia—, señalando que la autorización para revisar sus comunicaciones estaba restringida por la magistrada Díaz Muñoz. Guerra insistió en la falta de permiso explícito y preguntó en voz alta "¿con qué autorización el Ministerio Público registró mis conversaciones con el señor Hermosilla?". Al mismo tiempo, reconoció ser autor de los mensajes aunque negó que su contenido reviste carácter penal.

La estrategia del Ministerio Público sorprendió a algunos observadores por no solicitar la medida cautelar más gravosa. En su lugar, la Fiscalía pidió arresto domiciliario total, arraigo nacional y la prohibición de comunicarse con otros imputados y testigos. Frente a esa solicitud, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que actúa como querellante en el caso, sostuvo que la gravedad de los delitos de corrupción pública exige prisión preventiva, argumentando que la libertad de Guerra podría poner en riesgo la seguridad de la sociedad y el éxito de la investigación.

La controversia central es procesal y probatoria: si los mensajes fueron obtenidos sin la autorización judicial correspondiente, su incorporación al expediente podría ser impugnada y afectar el desarrollo del juicio. El Ministerio Público ha señalado que algunos hallazgos obedecieron a procedimientos previstos en la investigación, incluida la figura del "hallazgo casual" que permite incorporar evidencias encontradas en diligencias autorizadas; Guerra y su defensa disputan esa calificación y piden que se respeten los límites fijados por los tribunales.

Este caso forma parte del denominado "Caso Audios", investigación más amplia sobre presunta corrupción en que han surgido múltiples registros y comunicaciones entre funcionarios y abogados. Más allá del destino procesal de Manuel Guerra, el episodio plantea un debate sobre las atribuciones del Ministerio Público, los límites de las intervenciones en comunicaciones privadas y la confianza pública en las investigaciones de corrupción en Chile.

El tribunal deberá resolver próximamente las medidas cautelares y evaluar las impugnaciones sobre la prueba. Si el juzgado concluye que parte de la evidencia fue obtenida de forma irregular, ello podría debilitar la estrategia probatoria del Ministerio Público y abrir recursos que extiendan la tramitación del caso.