El futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció como primera medida del nuevo gobierno un ajuste transversal que reducirá en 3% los presupuestos asignados a todos los ministerios. La decisión forma parte de un plan mayor para ordenar las cuentas públicas y reducir presiones fiscales.

El recorte no es solo ahorro administrativo. Según lo expuesto por el equipo de Quiroz, la meta total de ajuste asciende a US$6.000 millones, de los cuales la mitad se buscaría conseguir mediante cambios a la Ley de Presupuestos. Eso significa que buena parte del esfuerzo dependerá del Congreso Nacional, donde las modificaciones legales requieren aprobación parlamentaria.

El anuncio llega en un contexto de crecimiento moderado: en los últimos años la economía chilena avanzó en torno al 2% anual y las proyecciones para el próximo período se ubican entre 2% y 3%, cifras por debajo del promedio histórico del país. Además, en reuniones previas con el Consejo Fiscal Autónomo, el equipo de Quiroz analizó un déficit estructural estimado en 3,6% del PIB (producto interno bruto), dato que explica la urgencia del ajuste.

El analista económico Ricardo Hernández dijo que el gobierno podría encontrar apoyo en el Congreso, siempre que las propuestas prioricen políticas con impacto directo en la ciudadanía, como salud, educación y seguridad. En la práctica, eso plantea un dilema: recortar de forma transversal es rápido de implementar, pero puede afectar programas y funcionamiento ministerial; conseguir cambios por ley puede proteger programas clave, pero demora y exige negociación política.

La Dirección de Presupuestos, Dipres, tendrá ahora la tarea técnica de traducir ese objetivo global en partidas concretas. Para un ciudadano, esto se siente como apretar el cinturón del gasto público justo cuando la economía no crece con fuerza: si el ajuste cae sobre inversión o gasto social, el impacto puede ser visible en servicios; si se concentra en gastos corrientes, la señal fiscal mejora pero el ahorro probable es menor.

El próximo paso será ver los proyectos concretos que el Ejecutivo envíe al Congreso y la capacidad de negociación parlamentaria para aprobar cambios a la Ley de Presupuestos. La tensión entre mantener la actividad económica y ordenar las finanzas públicas marcará las primeras semanas de gestión del equipo económico.