En el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago se realizó la primera de varias audiencias de formalización a funcionarios públicos acusados de obtener licencias médicas falsas y fraude de subvenciones. Cabe recordar que la Contraloría General de la República expuso el año pasado que 25.000 funcionarios salieron del país mientras estaban con reposo médico, además de 13.000 que acudieron a casinos durante ese mismo periodo.
En esta jornada se formalizó a solo seis de los 359 trabajadores en total, cuando se esperaba que fueran 45 personas. No obstante, la mayoría no fue correctamente notificada, por lo que no sabían que tenían que asistir este lunes. Dos personas que fueron correctamente notificadas no llegaron hoy a la sesión, por lo que se dispuso una orden de detención por parte del Ministerio Público.
La fiscal de Alta Complejidad Oriente, Daniela Fregonara, detalló que «se trata de una primera etapa. Si bien hay 35.000 licencias, 25.000 funcionarios en estos listados de la Contraloría, el hecho de salir estando con una licencia médica, salir del país, no significa la comisión de un delito». «Por lo tanto, en este caso lo que estamos haciendo como Fiscalía es investigar cuáles de las licencias médicas son efectivamente falsas y por eso se va formalizando y se va realizando un trabajo minucioso por centros médicos o por médicos emisores», explicó.
Asimismo, sostuvo que «no es primera vez que nosotros formalizamos a compradores de licencias médicas; también lo hicimos respecto de una causa que actualmente se encuentra en juicio, arribamos a salidas alternativas con ellos con la condición de que paguen el monto de subsidio por incapacidad laboral improcedente. En este caso es una decisión que se va a tomar como equipo investigativo, pero está dentro de las opciones». En cuanto a los formalizados de hoy, esto equivale a un perjuicio fiscal que va desde los $108.000 hasta los $742.000 por licencias emitidas y pagadas, todas relacionadas a centros de salud ya investigados por la emisión de licencias médicas falsas, y por las que ya hay ocho doctores y un socio en prisión preventiva desde diciembre de 2025.
Por otro lado, el abogado penalista Gustavo Rivera, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Chile, analizó los contratiempos que pueden tener las formalizaciones masivas: «Enfrenta el problema logístico de notificar o emplazar a un número de personas tan grande, y la falta de claridad sobre el estatus de las licencias médicas en cuestión».
