El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, dijo hoy que es su deber publicar el reglamento asociado a la Ley EAT, la normativa sobre Empresas de Aplicaciones de Transporte, mejor conocida como “Ley Uber”. Muñoz respondió así a críticas del gerente general de Uber Chile, Federico Prada, tras una entrevista concedida por el ejecutivo a El Mercurio.

Prada cuestionó lo que consideró una entrada en vigencia apresurada de la ley antes del 11 de marzo, fecha en que termina el periodo presidencial de Gabriel Boric. En la conversación con la prensa, Prada afirmó además que la firma tiene inversiones congeladas para el terminal aéreo; en el texto disponible no se entregan montos ni plazos sobre esas inversiones.

“Me parece que está desinformado”, dijo Muñoz en entrevista con T13Radio, al referirse a las críticas del ejecutivo de Uber. El ministro recordó que la ley fue aprobada en 2023, tras una discusión que se extendió por seis años, y que el proceso regulatorio ya acumuló largos plazos antes de llegar a esta etapa.

De acuerdo con Muñoz, la elaboración del reglamento tomó meses: un primer borrador que tardó alrededor de nueve meses y un proceso posterior que demandó casi otro año hasta su paso por la Contraloría General de la República. Además, la legislación exige una plataforma tecnológica para recibir la información de las aplicaciones, requisito que fue adjudicado a la empresa Arkhotech a principios de febrero. Estos elementos, dijo el ministro, explican por qué el reglamento llega en este momento.

Muñoz sostuvo que es su deber publicar la norma aprobada por el Congreso, aunque reconoció que los cambios reglamentarios son posibles bajo un gobierno entrante. “Si te parece mal el reglamento, muy bien, pero nosotros lo que no podemos hacer, porque sería faltar a mis funciones, es no terminar publicando una ley que aprobó el Congreso con un reglamento asociado”, afirmó.

La Ley EAT busca equiparar condiciones de competencia entre taxis y aplicaciones. Muñoz recordó requisitos que ya rigen para taxistas, como la licencia de conducir profesional y un vehículo de 1.400 centímetros cúbicos, y dijo que la normativa apunta a terminar con un periodo en que las plataformas operan fuera de la formalidad.

Históricamente, la regulación de las aplicaciones de transporte fue un conflicto largo entre municipios, taxistas y empresas tecnológicas. En ese contexto, la publicación del reglamento es un punto de inflexión: puede beneficiar a usuarios que buscan estándares de seguridad y fiscalización, pero también implica mayores exigencias operativas y costos para las plataformas. Quienes podrían perder son las empresas de apps que afrontarían nuevos requisitos y los actores informales; quienes podrían ganar son los taxistas regulados y los pasajeros que exigen más claridad sobre responsabilidades y estándares.

En lo inmediato, la industria queda en vilo. La adjudicación de la plataforma a Arkhotech desbloqueó un trámite técnico, y el Gobierno saliente impulsa la publicación. Sin embargo, la posibilidad de modificar el reglamento por parte del próximo gobierno mantiene abiertas las dudas sobre plazos, alcance y efectos concretos para el servicio en puntos sensibles como los aeropuertos. Para los usuarios chilenos, el cambio promete mayor formalidad, pero también incertidumbre sobre tarifas, disponibilidad y cómo se aplicarán las nuevas reglas en la práctica.