El Panel Técnico de Concesiones, el comité que evalúa modificaciones contractuales en obras concesionadas, determinó la inviabilidad de la propuesta para modificar la Ruta 5 Norte entre Los Vilos y La Serena, dejando en la práctica sin efecto el proyecto de Circunvalación La Serena y Coquimbo. La iniciativa contemplaba una autopista de 39,74 kilómetros en el sector oriente de la conurbación, con un túnel de 1,8 kilómetros y enlaces a desnivel, diseñada para descongestionar el tránsito urbano.

El panel concluyó que la propuesta no cumplía la normativa vigente, y detectó discrepancias económicas consideradas insubsanables. En particular cuestionó que los costos de conservación y mantenimiento no surgieran de un proceso competitivo y que los valores presentados carecieran de respaldo en referencias de mercado. Esa evaluación dejó la alternativa contractual sin posibilidades prácticas de avance.

Ante ese pronunciamiento, Cristóbal Juliá, gobernador regional de Coquimbo, reaccionó con dureza y acusó al Ministerio de Obras Públicas, MOP, de haber abandonado a la región. Juliá señaló que se trata de “una falta de prolijidad técnica y gestión efectiva en una obra clave para el desarrollo regional” y emplazó a la ministra de Obras Públicas, Jessica López, a asumir responsabilidad política. También pidió al presidente Gabriel Boric, presidente de Chile, que confirme si el compromiso con la descentralización se traducirá en acciones concretas.

La caída del proyecto tiene efectos directos para la movilidad y la economía local. Sin la circunvalación, persiste la presión sobre las vías actuales, se prolongan los tiempos de traslado y aumentan los riesgos de accidentes, según advirtió la autoridad regional. Para barrios, transportistas y el comercio metropolitano, la postergación mantiene costos operacionales y de calidad de vida.

En términos políticos, la decisión expone la tensión entre la gestión central del MOP y las demandas regionales por obras de descongestión. El gobernador gana visibilidad al exigir responsabilidades, mientras que el gobierno central afronta un costo político en su relato de descentralización. Desde el punto de vista técnico y fiscal, el panel evitó aprobar una solución que, según su diagnóstico, no estaba respaldada en estándares competitivos, lo que protege recursos públicos pero deja sin respuesta la urgencia vial.

No está claro cuál será el siguiente paso formal. No hay, hasta ahora, una propuesta alternativa presentada públicamente por el MOP ni una señal de apelación del comité. Queda por ver si el ministerio corrige los reparos técnicos y económicos, o si impulsa otra vía para abordar la congestión en La Serena y Coquimbo. Mientras tanto, los efectos sobre la movilidad cotidiana y el tejido económico regional permanecen, y la urgencia de una solución concreta se vuelve más palpable.