Un recorte del 2,5% al Ministerio de Salud ha generado preocupación en el Colegio Médico, que afirma que la atención podría verse afectada, aunque el Gobierno sostiene que no habrá impacto. El vicepresidente nacional del Colmed, Mauricio Osorio, explicó que el sistema público arrastra una deuda de aproximadamente un billón de pesos de años anteriores, lo que obliga a usar recursos del presupuesto vigente para pagar compromisos pasados. Hay que pagar primero lo que ya se debe, ese es el principal recorte, afirmó el dirigente, al ampliar que los 400 mil millones de pesos que propone recortar van directo al corazón de los establecimientos, pues de esa cifra hay del orden de 80 mil millones asignados a egresos hospitalarios, es decir, al pago de atenciones en los recintos.

¿Cómo no va a afectar eso a algunos pacientes?, cuestionó Osorio, al señalar que si se reduce la disponibilidad para egresos hospitalarios, equivalentes a lo que se paga por cada alta o atención, los hospitales se verán obligados a gestionar menos hospitalizaciones. En esa línea, el médico indicó que, a diferencia de otros años, el dinero para los hospitales “se va a acabar en agosto” y no en octubre como acostumbraba, lo que, a su juicio, revela fallas en el diseño presupuestario. Las señales que se nos indica es que no van a afectarse los pacientes, pero la realidad es que la deuda de años anteriores complica la ejecución, añadió.

El dirigente del Colmed también cuestionó las declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sobre mejorar la eficiencia con menores recursos, sosteniendo que el sector ha estado trabajando con menos y que, pese a ello, los presupuestos siguen siendo insuficientes. En paralelo, Osorio abordó el instructivo de Interior y Migraciones para entregar datos de extranjeros irregulares, señalando que desde el gremio no lo entienden, ya que los médicos atienden a migrantes. No lo entendemos, a los migrantes tenemos que atenderlos, afirmó, dejando claro que la atención no debe verse condicionada por la información solicitada.

En conjunto, la discusión apunta a un equilibrio entre la necesidad de reducir el gasto público y la obligación de garantizar atención de calidad, especialmente en hospitales públicos que ya operan con deudas heredadas. Se espera que las autoridades expliquen con mayor detalle cómo se reestructurarán los pagos y qué medidas mitigarán el posible impacto en pacientes y en la atención diaria de los recintos de salud.