El martes pasado en Santiago, el ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo, dijo que al Ejecutivo no le preocupa si el proyecto de Sala Cuna Universal se tramita en la actual o en la próxima legislatura, siempre que exista un acuerdo amplio que beneficie a mujeres, niños y trabajadores.
En un escenario enredado en el Congreso y a nueve días del cambio de mando, Boccardo subrayó que el debate político no puede demorar un derecho social que la ciudadanía reclama hace años. "Independiente de quién firme el proyecto o de quién promulgue la ley, cuando la política se queda empantanada en este tipo de debates, finalmente es la ciudadanía, particularmente las mujeres y los niños, los que salen perjudicados", dijo el secretario de Estado.
El ministro también señaló que el calendario legislativo no es una barrera insalvable para el Ejecutivo y que, aunque la iniciativa no alcance a perfeccionarse antes del 11 de marzo, fecha en que asumirá el presidente electo José Antonio Kast, lo esencial es que el país tenga pronto un derecho a sala cuna amplio y mayoritario para trabajadoras y trabajadores. Boccardo recordó además que el Presidente Gabriel Boric ha aceptado que la ley pueda llevar la firma del próximo mandatario si eso facilita su promulgación.
Históricamente, la expansión del cuidado infantil ha sido una demanda sostenida por movimientos de mujeres, sindicatos y organizaciones sociales. La discusión actual enfrenta la tensión clásica entre urgencia social y calendario político: quien gana con una aprobación temprana son las familias, especialmente las mujeres que participan del mercado laboral; quienes pierden políticamente son los actores que instrumentalizan el trámite para réditos partidarios.
Boccardo pidió que la preocupación expresada transversalmente por parlamentarios se traduzca en votos y acciones concretas durante la tramitación. En el comunicado que acompañó sus declaraciones se menciona además la palabra "indicaciones", pero la nota entregada al público estaba incompleta y no detalla qué cambios técnicos o legales propondrá el Ejecutivo.
El próximo paso es la tramitación en comisiones del Congreso de Chile, donde las posturas de oficialismo y oposición definirán los plazos. Si la discusión se acelera, el impacto será inmediato en la tasa de participación laboral femenina y en la disponibilidad de cuidado infantil; si se posterga, la percepción ciudadana sobre la capacidad de los partidos para resolver demandas sociales podría deteriorarse.
