Entre el viernes 20 de febrero y el martes 24 la relación entre Santiago y Washington escaló a una crisis diplomática luego de que Estados Unidos anunciara, sin aviso previo, la revocación de visas para tres funcionarios del gobierno del presidente Gabriel Boric. Los sancionados son Juan Carlos Muñoz, ministro de Transportes y Telecomunicaciones (independiente); Claudio Araya, subsecretario de Telecomunicaciones; y Guillermo Petersen, jefe de gabinete. Washington acusó a los tres de haber "socavado la seguridad regional" y vinculó la medida a un proyecto de cable submarino que pretende unir Valparaíso con Hong Kong.

La disputa tiene una cronología reciente y concreta. El 26 de noviembre del año pasado la empresa China Mobile International, la filial internacional del gigante estatal chino China Mobile con sede en Hong Kong, ingresó una petición de concesión de servicio intermedio ante la Subsecretaría de Telecomunicaciones, la división del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones encargada de regular las redes. El 19 de diciembre esa repartición remitió un oficio a la filial asiática con reparos a la solicitud. El 8 de enero China Mobile International presentó antecedentes complementarios y, finalmente, el 27 de enero el ministro Juan Carlos Muñoz firmó un decreto que otorgó la concesión del proyecto a la empresa. El documento, revelado por el diario El Mercurio, fija un periodo de 30 años y autoriza a la compañía a instalar, operar y explotar una red de transmisión por cable de fibra óptica submarino.

China Mobile International es la rama internacional de China Mobile, la mayor empresa de telecomunicaciones de China y de carácter estatal, con presencia en varios países y sede en Hong Kong. La Subsecretaría de Telecomunicaciones, conocida en Chile por la sigla Subtel, es la autoridad reguladora que analiza y concede permisos de infraestructura. Según la información pública hasta ahora disponible, fue ese proceso administrativo, y no una decisión legislativa, el que permitió la adjudicación que hoy motiva la tensión con Estados Unidos.

El episodio encaja en la creciente rivalidad tecnológica entre Estados Unidos y China por el control de infraestructuras digitales críticas. Washington ha impulsado en años recientes restricciones a empresas chinas en redes y equipos, citando riesgos de seguridad nacional, y la medida contra funcionarios chilenos sigue esa línea de presión. Para Chile la controversia plantea preguntas sobre soberanía digital, la ruta que siguen los datos internacionales y el equilibrio entre atraer inversión china y mantener buenas relaciones estratégicas con Estados Unidos.

Además de la dimensión geopolítica, el conflicto tiene implicancias prácticas. Chile es un punto clave para cables submarinos que conectan el Pacífico Sur, y una adjudicación de 30 años condiciona el trazado de capacidad internacional y la gobernanza de tráfico de datos. La divulgación del decreto y la reacción estadounidense también pueden afectar la percepción de riesgo entre inversores extranjeros y reabrir el debate nacional sobre transparencia en concesiones y criterios de seguridad para infraestructura crítica.

Quedan interrogantes abiertos: cómo responderá el gobierno de Gabriel Boric ante Washington, si el Ministerio de Transportes revisará el decreto o los antecedentes administrativos, y si la controversia derivará en cambios regulatorios más amplios. En los próximos días se espera que la política exterior y la autoridad reguladora den pasos que clarifiquen si priman criterios de seguridad, de soberanía tecnológica o de continuidad en las relaciones económicas con China.