El Senado de Chile aprobó en general, por 23 votos a favor y 22 en contra, el proyecto que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para personas de avanzada edad. La votación se realizó en el Congreso y abrió un plazo para presentar indicaciones hasta el 16 de marzo. La iniciativa podría alcanzar a internos de recintos como Punta Peuco.

El texto aprobado permite que condenados hombres de 70 años o más, mujeres de 65 años o más, o personas con enfermedades graves o terminales, cumplan el resto de su pena bajo arresto domiciliario total, en lugar de permanecer en un establecimiento penitenciario. Durante la tramitación se indicó que, según los datos presentados en el debate, podrían acogerse a la norma 735 condenados, de los cuales 370 corresponden a crímenes de lesa humanidad y 365 a delitos comunes, incluyendo abusos sexuales y homicidios.

Jaime Gajardo, ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile, se mostró visiblemente afectado tras la votación y reiteró sus críticas sobre el trámite. Gajardo dijo que la iniciativa tiene "falencias técnicas realmente importantes" y cuestionó que avanzara sin un análisis previo en una comisión especializada. En una entrevista con Canal 24 Horas, el ministro relató una conversación con Gabi Rivera, dirigente chilena de familiares de detenidos desaparecidos, y puso en voz alta la angustia de las víctimas: "Para ella es un día terrible esto".

El paso en general no resuelve los detalles. El proyecto ahora entra a discusión en particular y queda abierto el plazo de indicaciones hasta el 16 de marzo. Allí se definirán las condiciones, las excepciones y los mecanismos de supervisión para quienes eventualmente salgan a arresto domiciliario. Si no se corrigen las llamadas falencias técnicas, la implementación puede quedar tambaleante.

Históricamente, la discusión toca heridas abiertas en la transición chilena. Los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar han sido objeto de juicios y condenas que buscaban justicia y reparación. El posible beneficio a condenados por esos delitos reactiva el debate sobre memoria, sanción y reparación para las víctimas y sus familias.

Políticamente, la votación fue estrecha y revela una división legislativa marcada. Quienes ganan con el avance son los condenados en situación de edad avanzada y sus defensas, que podrían ver atenuadas penas privativas; pierden, en cambio, las organizaciones de derechos humanos y las familias de las víctimas, que perciben un retroceso en la tutela del castigo y la memoria. Además, el sistema penitenciario y los servicios de salud pública deberán asumir una mayor carga administrativa y clínica para supervisar arrestos domiciliarios de personas con condenas graves.

Para el ciudadano común, la discusión plantea dos preguntas concretas: cómo se fiscalizará la medida para garantizar seguridad, y qué señales dará el Estado sobre la dignidad de las víctimas. En los próximos pasos del Congreso se definirá si la iniciativa incorpora salvaguardas claras, exclusiones por tipo de delito, y mecanismos de control efectivos. Si no se precisan esas medidas, la ley que salga en particular podría generar litigios y más polarización social.