El 29 de octubre de 2024 una DANA, depresión aislada en niveles altos, provocó inundaciones que dejaron 230 fallecidos en la Comunidad Valenciana, España. La gestión política y judicial de aquella jornada está bajo investigación. En España, los tribunales revisan testimonios y registros telefónicos para reconstruir la cadena de decisiones, procedimiento comparable a las pesquisas que pueden abrir la Fiscalía y la Contraloría en Chile tras desastres.

Ernesto Serra Moral, conductor del presidente valenciano Carlos Mazón, declaró ante la jueza que investiga la DANA que, hacia las 19.00 horas y mientras repostaba, recibió la llamada de la secretaria que informó que se dirigirían al Centro de Coordinación Operativa Integrado, conocido como Cecopi. Serra dijo que avisó a los escoltas y que el dispositivo salió hacia l'Eliana alrededor de las 20.00, quizá un poco antes. Según su testimonio, la alerta Es-Alert de las 20.11 sonó cuando ya iban de camino, y habían recogido en ruta a la directora general Maite Gómez. El conductor afirmó que no prestó atención a las llamadas del president, negó presiones y autorizó cotejar las horas de sus llamadas y mensajes de WhatsApp de esa jornada.

Consecuencias: La versión del conductor coincide con la ya aportada por los escoltas, que situaron la llegada al Palau de la Generalitat entre las 19.45 y las 19.50. Con esa coincidencia, se debilitan las múltiples versiones ofrecidas por Mazón sobre sus pasos aquel día. En términos prácticos, la declaración puede influir en cómo la jueza evalúe la cronología y la posible responsabilidad de los cargos políticos implicados. Políticamente, la oposición gana legitimidad para pedir explicaciones, mientras que la imagen pública de Mazón queda expuesta a desgaste.

Este testimonio ilustra dos claves en investigaciones por emergencias. Primero, la importancia de las marcas temporales y registros de comunicaciones para fijar una cronología objetiva. Segundo, cómo las versi ones contradictorias afectan la rendición de cuentas ante la opinión pública. Para un lector chileno, el paralelo es claro: en desastres la transparencia en los registros y la coherencia entre autoridades y personal de turno son centrales para la confianza ciudadana. En Chile, instituciones como la Oficina Nacional de Emergencia, ONEMI, y la Fiscalía pueden activar pesquisas similares; además, la Contraloría puede revisar responsabilidad administrativa. En ese marco, la prueba documental y los testimonios técnicos determinan si hay responsabilidades penales o administrativas.

Actores y posiciones: El testigo es Ernesto Serra Moral, chófer de Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, quien ha ofrecido versiones contradictorias. También aparecen Maite Gómez, directora general recogida por el dispositivo, y José Manuel Cuenca, jefe de gabinete, mencionado por el conductor. La investigación la dirige la jueza que instruye la causa por la DANA. La fiscalía y los distintos grupos políticos en la Comunidad Valenciana seguirán de cerca cómo estos testimonios encajan con otros elementos probatorios.

En ese contexto, la pulseada ahora es judicial y política. La prueba técnica —registros de llamadas y mensajes— será determinante. Para los ciudadanos, la lección es práctica: en emergencias, la transparencia horaria y la documentación de decisiones no son un tecnicismo, sino la base para saber quién actuó y cómo se protegió a la población.