En Venezuela, el exdiputado venezolano Juan Pablo Guanipa, miembro del partido de oposición Primero Justicia, recuperó la libertad plena este viernes después de pasar casi nueve meses bajo arresto, informaron fuentes públicas y el propio dirigente en su cuenta en la red social X. Su salida se produjo horas después de que la Asamblea Nacional de Venezuela, el parlamento nacional, aprobara una ley de amnistía destinada a personas vinculadas con protestas o actos políticos entre 2002 y 2025.

La ley aprobada contempla la excarcelación de quienes fueron procesados por hechos políticos en ese periodo, pero excluye a personas implicadas en delitos graves como homicidio, narcotráfico, corrupción o violaciones de derechos humanos. Esa excepción ha sido el centro de la controversia y de las críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos.

Organizaciones no gubernamentales y defensores de presos políticos estiman que, pese a las liberaciones que se han registrado desde enero, más de 600 personas continúan detenidas por causas vinculadas a su activismo político. El caso de Guanipa, quien fue arrestado en 2025 en una operación que el Estado venezolano describió como destinada a desarticular un supuesto complot, se ha vuelto emblemático: tras una primera liberación el 8 de febrero fue detenido nuevamente ese mismo día y puesto bajo arresto domiciliario, de la que finalmente quedó liberado al retirársele la tobillera electrónica.

Guanipa publicó en X que, tras su salida, exigió la «liberación inmediata de todos los presos políticos, civiles y militares» y calificó la ley de amnistía como insuficiente y orientada a "chantajear" a venezolanos inocentes. En sus palabras, la libertad de los detenidos "no es un acto de clemencia", sino una cuestión de verdad y justicia. Desde la otra vereda, las autoridades han defendido la norma como un mecanismo para avanzar hacia la paz, argumentando la necesidad de excluir delitos graves.

El proceso tiene relevancia regional. El Fondo Monetario Internacional, que ha descrito la situación económica y humanitaria de Venezuela como "bastante frágil", vigila la evolución política y social del país; una amnistía parcial puede influir en posibles aperturas económicas o en el diálogo con actores internacionales. Para Chile y América Latina la medida importa por varias razones: la comunidad venezolana en Chile sigue de cerca las libertades civiles en Venezuela, las ONG chilenas que trabajan en derechos humanos y los consulados reciben casos de familiares y exiliados que podrían verse afectados por futuras repatriaciones o solicitudes de asilo.

Quedan preguntas prácticas y políticas por responder: quiénes entran o no en los criterios de exclusión, si la ley llevará a más liberaciones sostenibles, y cómo la comunidad internacional y órganos de supervisión de derechos humanos monitorearán su implementación. El próximo paso será observar si la amnistía se materializa en liberaciones adicionales y en cambios reales en la relación entre el gobierno y las distintas facciones de la oposición, y qué impacto tendrá eso en la situación de los exiliados venezolanos en Chile y la región.