La Fiscalía Regional de Tarapacá alegó ante la Corte de Apelaciones de Iquique en los recursos de nulidad presentados por las defensas de 12 condenados vinculados al Tren de Aragua, cuya audiencia de lectura de sentencia quedó fijada para el 17 de marzo a las 13:00 horas.

El caso proviene del juicio oral celebrado en Iquique en julio de 2025, cuando el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique condenó a la cúpula de la célula identificada como TDA1. Entre los sentenciados figura Carlos Leandro González Vaca, alias Estrella, líder del grupo, y Hernán Landaeta Garlotti, alias Satanás, identificado por el tribunal como sicario. La sentencia incluyó presidio perpetuo calificado, cuatro presidios perpetuos simples y otras penas que suman más de 300 años de cárcel en total.

Según la Fiscalía y el tribunal, la célula operó como una asociación criminal con estructura jerárquica, financiación mediante cobro de vacunas y participación en delitos como secuestro extorsivo, secuestro con homicidio, trata de personas con fines de explotación sexual, tráfico de migrantes y amenazas extorsivas. El juicio, que duró tres meses, incorporó más de 1.000 pruebas documentales, 224 testigos y 38 peritos, y permitió acreditar al menos 11 hechos delictuales desde 2021 en adelante.

En la audiencia de la Corte de Apelaciones, la jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Regional de Tarapacá, Marcela Tapia, pidió el rechazo de los recursos de nulidad, argumentando que "la sentencia fue dictada conforme a derecho" y que no se configuraron las causales invocadas por las defensas. Las defensas sostienen vicios procesales, pero la Fiscalía rechazó esas alegaciones y pidió la confirmación de las penas.

La investigación original fue desarrollada por personal de la Policía de Investigaciones, conocida por sus siglas como PDI, en coordinación con la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investiga. El expediente mostró la operatividad transnacional de la organización y la presencia de víctimas en situaciones de vulnerabilidad, lo que complejizó tanto la investigación como el juicio.

La definición que adopte la Corte de Apelaciones el 17 de marzo será clave para el futuro procesal del caso. Si la sentencia se confirma, las defensas aún podrían intentar recursos de casación ante la Corte Suprema, según fuentes judiciales. Para la fiscalía y las policías regionales, el fallo también servirá como antecedente sobre la capacidad del sistema penal regional para investigar y enjuiciar estructuras delictuales transnacionales que operan en el norte del país.