La Contraloría General de la República detectó irregularidades en la contratación y remuneración de Gloria Fernández, madre del senador electo Rodolfo Carter y del diputado Álvaro Carter, en la Municipalidad de La Florida, tras una auditoría solicitada en enero de 2025 por la diputada Ana María Gazmuri (Distrito 12).

Según el informe al que tuvo acceso el medio Contrapoder, Fernández fue registrada realizando labores para el municipio antes de que existiera el contrato y el acto administrativo que regulaba su contratación. Además, el documento consigna que percibió un sueldo bruto mensual de $1.739.130, cifra que supera la remuneración habitual de profesionales calificados en el área de adultos mayores, pese a que no consta en la auditoría que tenga título profesional ni experiencia certificada para el cargo.

La Contraloría concluye que las tareas se realizaron con anterioridad a la firma del contrato, lo que vulnera el principio de irretroactividad. El principio de irretroactividad, explicado en el artículo 52 de la Ley 19.880, significa que no se puede reconocer ni pagar una prestación administrativa o laboral por servicios prestados antes de que exista la formalidad legal que los respalda. En términos simples, es como pagar un sueldo por trabajo hecho antes de firmar el contrato que lo autoriza.

El informe impone obligaciones al alcalde Daniel Reyes, del Partido Republicano, quien debe reforzar controles en los procesos de contratación, asegurar la proporcionalidad salarial y informar las medidas correctivas. La municipalidad tiene un plazo de 60 días hábiles para presentar ese reporte y las acciones adoptadas.

En la práctica, la Contraloría puede ordenar el reintegro de dineros públicos y establecer responsabilidad administrativa, lo que puede derivar en sanciones internas o administrativas contra funcionarios. Si la situación arroja indicios de delito, la investigación y eventual persecución penal corresponderían a la Fiscalía Nacional, no a la Contraloría.

El caso se inscribe en una revisión más amplia de la gestión de Rodolfo Carter como alcalde de La Florida. En otros procedimientos, la Contraloría ya pidió la devolución de $18,5 millones a Cecilia Pérez, exministra y militante de Renovación Nacional, por labores no acreditadas, y de $4,9 millones a Carlos Contreras Mena, su exesposo, contratado en la Corporación Municipal.

Si eres vecino de La Florida, estas irregularidades significan que recursos municipales podrían haberse utilizado sin controles adecuados, compitiendo con fondos destinados a programas para adultos mayores y otros servicios. Es similar a pagar un servicio sin comprobantes ni contratos, y luego descubrir que quien lo pagó debe exigir la devolución.

Al cierre de esta nota no se registraba una declaración pública ni del senador electo Rodolfo Carter, exalcalde de La Florida, ni de Gloria Fernández. En las próximas semanas el foco estará en el informe que presente la municipalidad en el plazo señalado y en si la Contraloría ordena devoluciones concretas o remite antecedentes a la Fiscalía, lo que podría ampliar el alcance sancionatorio y político del caso.