Febrero ha cobrado vida por un enfrentamiento intelectual que se instaló entre Chile y Europa. Carlos Peña, rector y académico chileno, afirmó que el discurso de José Antonio Kast, presidente electo de Chile, en la VII Cumbre Transatlántica por la Libertad de Expresión en Bruselas y su posterior visita a Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, sugieren afinidades con las llamadas “democracias iliberales”. Esa observación provocó una ola de cartas y defensas desde sectores conservadores y encendió un debate público sobre riesgos y límites.
El término “democracia iliberal” fue acuñado en 1997 por el analista estadounidense Fareed Zakaria para describir regímenes que conservan elecciones competitivas pero socavan el Estado de Derecho, la separación de poderes y las garantías individuales. Zakaria citó ejemplos como Rusia y el Perú de Alberto Fujimori para mostrar cómo la legitimidad electoral puede convivir con la erosión de contrapesos institucionales.
Tras revisar discursos, reacciones y el contexto político chileno, mi conclusión es rotunda: no hay prácticamente ninguna posibilidad de que Chile se convierta en una democracia iliberal. Esa afirmación se apoya en la existencia de contrapesos institucionales consolidados, una sociedad civil activa, medios de comunicación plurales y un sistema electoral competitivo que, por ahora, frena que un ejecutivo concentre poder sin límites.
Eso no significa, sin embargo, que el país esté exento de riesgos. Las democracias no se protegen por sí solas: requieren prácticas cotidianas de respeto a las reglas, independencia judicial efectiva, transparencia administrativa y una prensa que fiscalice. Si se produjeran ataques sostenidos a tribunales, a la autonomía académica o a organismos reguladores, o si hubiera intentos sistemáticos de deslegitimar a quienes fiscalizan el poder, la situación podría tensionarse.
Aquí entran de lleno las universidades. Como instituciones formadoras y espacios de deliberación pública, tienen una doble responsabilidad: por un lado, deben ser custodias de la pluralidad intelectual, la libertad académica y la investigación rigurosa que alimenta el debate; por otro, deben evitar transformarse en tribunas partidarias que agudicen la polarización. Cuando las universidades ejercen la crítica fundada y educan en cultura cívica, fortalecen las defensas contra tendencias autoritarias. Si optan por el tribalismo político, erosionan su propia autoridad moral.
El episodio entre Peña y sus críticos revela también una tensión regional: en América Latina han surgido gobiernos que concentran poder y erosionan frenos institucionales, pero la experiencia no se replica mecánicamente. La fortaleza de las instituciones chilenas, combinada con una ciudadanía movilizada y medios diversos, constituye un colchón. No es invulnerable, pero tampoco frágil al extremo.
En los próximos meses será clave observar si las discusiones públicas se traducen en políticas que respeten contrapesos o en prácticas que los debiliten. Las universidades deben asumir un papel activo y responsable: enseñar pensamiento crítico, defender la evidencia y ofrecer espacios para la confrontación de ideas sin incitar a la hostilidad. Esa conducta, más que cualquier epíteto conceptual, será la medida real de la salud democrática en Chile.
