Seis expertos en derechos humanos de Naciones Unidas (ONU) valoraron el proyecto de ley de amnistía presentado este mes ante la Asamblea Nacional de Venezuela, pero advirtieron que su alcance debe garantizar la reparación de "todas las víctimas de enjuiciamiento ilegal" y ajustarse a estándares internacionales de justicia transicional.
Los especialistas pidieron que la norma reconozca expresamente a las personas detenidas o procesadas arbitrariamente por ejercer derechos como la libertad de expresión, reunión, asociación e información. También señalaron que no se debe exigir el regreso de quienes se vieron obligados a exiliarse hasta que quede claro si la amnistía les aplica.
El comunicado exige además que la ley excluya a quienes estén acusados de graves violaciones de derechos humanos, entre ellos responsables estatales, grupos paramilitares y actores no estatales. En el caso venezolano, el término "paramilitares" suele asociarse a grupos armados que operan al margen del Estado, incluidos los llamados colectivos, grupos civiles pro gobierno con presencia en algunas zonas.
Firman la declaración Bernard Duhaime, relator sobre promoción de la verdad y la justicia; Irene Khan, relatora sobre libertad de expresión; Gina Romero, relatora sobre libertad de reunión; Mary Lawlor, representante especial sobre defensores de derechos humanos; Margaret Satterthwaite, relatora sobre independencia judicial; y Gabriella Citroni, del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Los relatores son expertos independientes designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para monitorear y asesorar sobre estas materias.
El proyecto fue presentado ante la Asamblea Nacional de Venezuela, el órgano legislativo del país, en un contexto político marcado por la tensión entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición. Los expertos subrayan que una amnistía aislada no basta, debe integrarse en un proceso de justicia transicional comparable a estándares usados en otras transiciones para evitar impunidad.
El comunicado no detalla la reacción del gobierno ni de la oposición ante las observaciones, por lo que no está claro cómo se incorporarán estas recomendaciones al trámite legislativo.
¿Por qué importa esto para Chile y la región? Chile alberga una importante comunidad de migrantes venezolanos y recibe numerosas solicitudes de refugio y protección. La advertencia de la ONU sobre no obligar el retorno de exiliados hasta aclarar la aplicabilidad de la amnistía es directamente relevante para personas que hoy tienen estatus migratorio o asilo en Chile. Además, debates sobre amnistías que excluyan a perpetradores de crímenes graves pueden influir en evaluaciones internacionales sobre derechos humanos, en decisiones sobre cooperación y en la gestión regional de flujos migratorios.
En Chile, episodios recientes que involucran a ciudadanos venezolanos en investigaciones criminales han tensionado el debate público sobre migración, sin que ello deba confundirse con la situación de víctimas de persecución política. Los expertos de la ONU insisten en distinguir entre protección a víctimas y responsabilidad penal de autores graves, una línea que será clave si la ley avanza en Caracas.
