El sector público chileno crece más rápido que el privado, y la brecha lleva casi una década ensanchándose. Desde 2017, el empleo estatal aumentó un 36%, más del doble del 14% que registró el sector privado en el mismo periodo. La diferencia volvió a instalar el debate sobre cuántos funcionarios tiene el Estado y si su expansión responde a criterios de eficiencia o solo de volumen.

El último informe de la Dipres (Dirección de Presupuestos, el organismo del Ministerio de Hacienda encargado de controlar las finanzas del gobierno) registró, según publicó BioBío Chile, 549.237 cargos efectivos en el Gobierno Central a marzo de 2026. La cifra no incluye municipalidades. Frente a diciembre del año pasado, el aumento supera los 14 mil cargos, y en términos anuales el personal total creció en 41.093 personas.

Ese número también revela hasta dónde llegó la contratación: la dotación alcanzó el 94,8% del máximo permitido por la Ley de Presupuestos 2026 para personal permanente.

Uno de los problemas que señalan los economistas es que el propio Estado tampoco tiene claro cuál es el total real de sus trabajadores. La ANEF (Asociación Nacional de Empleados Fiscales, el gremio que agrupa a los trabajadores del Estado) maneja cifras distintas a las de la Dipres, y la falta de un registro unificado complica cualquier diagnóstico serio sobre el tamaño del aparato público.

Hoy, alrededor del 13% de los ocupados en Chile trabajan en el sector público. Para varios economistas, ese porcentaje no es el problema central, sino el ritmo al que se llegó ahí y la ausencia de mecanismos que aseguren que cada cargo responde a una necesidad concreta.

La discusión apunta sobre todo a dos áreas: la carrera funcionaria, que regula cómo se ingresa, asciende y sale del empleo público, y la ADP (Alta Dirección Pública, el sistema estatal de selección de altos directivos del gobierno). El experto Rajevic advirtió que sin reglas claras sobre cuándo y por qué se puede remover a un directivo, cualquier reforma pierde credibilidad. "Tenemos que darles una estabilidad que permita que la remoción sea porque, efectivamente, la persona no está desarrollando bien su labor directiva. De lo contrario, la reforma queda incompleta, genera falta de confianza pública", señaló.

El debate llega en un año en que el Gobierno ya bordea el tope legal de contrataciones permanentes. La próxima discusión presupuestaria, que comenzará a tramitarse en el segundo semestre, será la oportunidad para definir si ese límite sube o si el crecimiento del empleo estatal tendrá algún freno real.