El martes, el Tribunal Supremo de España condenó al exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años de prisión por cobrar comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia de covid-19 y por contratar de forma irregular a varias mujeres en empresas públicas. Cumplirá efectivamente 16,5 años. La sentencia cayó apenas dos días antes de que el presidente Pedro Sánchez tuviera programada su comparecencia ante el Congreso.
El debate parlamentario del miércoles fue duro desde el inicio. La oposición, que lleva meses exigiendo la renuncia de Sánchez, aprovechó la sesión de interpelación para acumular reproches. Los cuestionamientos apuntaron al caso Ábalos, a la investigación judicial contra su esposa Begoña Gómez, a una posible condena de su hermano David Sánchez y a la pesquisa sobre Santos Cerdán, exresponsable de organización del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Ante el hemiciclo, Sánchez fue categórico. "El PSOE no se ha financiado irregularmente. Al contrario, si ha ocurrido algo de eso, es que han sido otros quienes se han aprovechado de sus recursos", afirmó, mientras la oposición respondía con risas irónicas. Luego prometió que quienes "han manchado el buen nombre del PSOE y de este gobierno lo pagarán" y aseguró que su administración no tolerará la impunidad: "En este país no debe haber ningún espacio para la impunidad de personas corruptas. Sean quienes sean".
El presidente también salió en defensa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien gobernó España entre 2004 y 2011 y que enfrenta investigaciones vinculadas a un préstamo público de 53 millones de euros otorgado a la aerolínea venezolana Plus Ultra. Sánchez rechazó de manera contundente cualquier trato de favor en ese caso.
Pese a la presión opositora, Sánchez descartó llamar a elecciones anticipadas. Calificó los escándalos como casos "aislados" y aseguró que no restará "ni un ápice de importancia" a las causas judiciales en curso. A los casos ya conocidos se agrega una investigación por una presunta trama para desacreditar a jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad. El gobierno cumplió ocho años en el poder y los índices de popularidad de Sánchez no han parado de caer en los últimos meses.
