El Partido Comunista confirmó este jueves que revisa un documento enviado al Tribunal Supremo del partido por los ministros Camila Vallejo, Nicolás Cataldo y Jaime Gajardo contra el exalcalde de Recoleta Daniel Jadue. La información fue entregada por Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, a La Tercera.

El fondo de la queja son las declaraciones públicas de Jadue en las que aseguró estar siendo objeto de "persecución judicial" por parte del gobierno. "Estoy preso en este gobierno con ministro de Justicia comunista, con ministra secretaria general comunista y todos saben que es todo un montaje", dijo Jadue, según el documento que motivó la denuncia. Los secretarios de Estado aludidos pidieron retractación y acusaron a Jadue de actuar como una oposición al presidente Gabriel Boric y de ejercer un liderazgocaudillista que divide.

Carmona explicó que se trata de un procedimiento interno tradicional del partido y que la revisión no pasa primero por la comisión política, sino por las comisiones competentes. Añadió que no hay aún una resolución definitiva. En paralelo, desde la colectividad precisan que el trámite tiene carácter informal, porque Jadue no es actualmente militante y por tanto no pueden aplicar sanciones disciplinarias.

El caso se enmarca además en la situación judicial de Jadue, procesado en el Caso Farmacias Populares. Se le imputan los delitos de fraude al fisco, estafa, cohecho y negociación incompatible por su gestión como presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp). El acusado cambió su medida cautelar el 27 de febrero, pasando de arresto domiciliario total a nocturno. La audiencia de preparación de juicio oral quedó fijada para el 9 de junio, fecha en que se definirá si el proceso avanza a juicio oral; arriesga hasta 18 años de cárcel.

Precedente histórico: el Partido Comunista ha enfrentado antes tensiones internas entre figuras emblemáticas y la dirección colectiva, pero rara vez un procedimiento nace de ministros en ejercicio contra un exdirigente tan visible. Esto abre una nueva etapa en la relación entre el núcleo duro de la colectividad y los exrepresentantes municipales que hoy actúan con autonomía.

Quién gana y quién pierde: a corto plazo, la dirección del PC intenta preservar institucionalidad y distancia de cualquier imagen de impunidad. Pierde Jadue en términos de capital político dentro de la coalición si la denuncia y las reacciones le restan apoyo. Ganan los ministros denunciantes si logran que la dirección confirme reproche formal y desacople sus voces del liderazgo de Jadue. El gobierno de Gabriel Boric queda expuesto a una doble tensión, política e institucional, que puede debilitar la agenda pública.

Impacto para el ciudadano común: la disputa fragmenta la voz del oficialismo y puede traducirse en menor foco en políticas públicas. Además, la mezcla de acusaciones políticas y procesos judiciales alimenta el descrédito sobre la clase política y complica la percepción ciudadana sobre la eficacia del Estado para prevenir y sancionar la corrupción.

Próximos pasos: el Tribunal Supremo del Partido Comunista debe resolver si el caso avanza en su regulación interna pese al carácter informal por la no militancia de Jadue. En la esfera judicial, el hito clave será la audiencia del 9 de junio, que marcará el ritmo del proceso penal. La tensión interna podría escalar según los resultados de ambas vías y según las reacciones públicas de las partes implicadas.