En la antesala del traspaso de mando del 11 de marzo, el reglamento de la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte, conocida como Ley EAT, se transformó en un nuevo foco de tensión entre el gobierno saliente y el entrante. Louis de Grange, designado ministro de Transportes y Telecomunicaciones por el presidente electo José Antonio Kast, hizo un llamado público al actual ministro Juan Carlos Muñoz para que no avance en la publicación del reglamento en su versión actual, mediante publicaciones en la red social X y un editorial en el diario El Mercurio.

La Ley EAT, aprobada en 2023 tras años de debate legislativo, establece requisitos como licencia profesional para conductores, límites de antigüedad de los vehículos, cilindrada mínima y un registro obligatorio para empresas y choferes. El reglamento pendiente es la norma que permite su entrada en vigencia operativa, y según fuentes del sector se encontraba en su fase final bajo el gobierno de Gabriel Boric.

De Grange justificó su petición aduciendo posibles “negativos impactos” en pasajeros y conductores, entre ellos eventuales alzas de precios, menor oferta de servicios y pérdida de ingresos para quienes no cumplan con los nuevos requisitos. Voceros de Uber, la empresa de transporte (Uber Technologies Inc.), advirtieron en publicaciones recientes que la salida del reglamento sin la plataforma técnica dejaría a miles de conductores sin registro y dañaría la movilidad urbana.

Si el reglamento se publica antes del 11 de marzo, entraría en vigor bajo la administración saliente y la nueva gestión tendría márgenes limitados para introducir cambios inmediatos. Si no se publica antes del traspaso, la responsabilidad de revisar o ajustar el texto recaerá sobre la futura administración de José Antonio Kast, y sobre Louis de Grange en su eventual cargo de ministro.

Históricamente, las regulaciones de plataformas tecnológicas han generado tensiones similares en varias democracias, porque tocan empleo informal, competencia empresarial y movilidad urbana. En Chile, la aprobación de la Ley EAT en 2023 fue el resultado de años de negociaciones entre parlamentarios, municipalidades y empresas de transporte por aplicación, y ahora el reglamento es la pieza que define los efectos prácticos de esa ley.

En términos políticos, la petición de De Grange amplifica el quiebre entre el gobierno saliente y el entrante que ya se había manifestado en la suspensión de algunas bilaterales entre Gabriel Boric y José Antonio Kast. Gana la nueva administración en capacidad de revisar normas pendientes si la publicación se detiene; pierden potencialmente los conductores y usuarios si la demora aumenta la incertidumbre operativa.

Para el ciudadano común, el debate implica dos preguntas concretas: cómo afectará esto al precio y disponibilidad de viajes por aplicación, y qué protección tendrán los ingresos de los conductores. En ausencia de cifras oficiales sobre cuántos choferes quedarían fuera, las estimaciones del sector y de plataformas privadas divergen, por lo que el impacto real aún es incierto.

El próximo movimiento pertenece al ministro Juan Carlos Muñoz, quien puede optar por publicar el reglamento antes del 11 de marzo o dejar la decisión a la nueva administración. La decisión influirá en la implementación efectiva de la Ley EAT y en la agenda de transportes del próximo gobierno. Si De Grange llega a su cargo, su prioridad declarada será introducir modificaciones y flexibilizaciones para mitigar los efectos señalados, lo que abre un nuevo capítulo de negociación entre el Estado, las plataformas y los conductores.