La Cámara de Diputados aprobó este martes la llamada "Ley Alberto". La norma obliga a empresas de transporte públicas y privadas a someter a sus choferes a test de drogas. Además exige que las empresas informen los resultados al Ministerio de Transportes y establece sanciones para quienes no cumplan.

La iniciativa fue impulsada por la diputada Carolina Marzán, del Partido por la Democracia (PPD). El proyecto toma su nombre por Mauro Alberto Gómez, estudiante que falleció tras ser atropellado por un chofer que conducía bajo la influencia de drogas. "Este es un proyecto humano, de sentido común... las empresas cada cuatro meses van a tener que hacer un examen a quienes conducen", dijo Marzán sobre la periodicidad de las pruebas.

El subsecretario de Transportes, Jorge Daza, respaldó la medida y la vinculó al objetivo de aumentar la seguridad del transporte público. Según Daza, la ley permitirá controlar mejor el uso de alcohol y drogas en la conducción y proteger a las personas que viajan en buses. El subsecretario también afirmó que el avance tecnológico y la electromovilidad en este gobierno hacen necesario reforzar la fiscalización.

La ley fija, en concreto, exámenes cada cuatro meses, la obligación de reportar resultados al Ministerio de Transportes y la aplicación de sanciones a las empresas que no realicen las pruebas. El proyecto continuará su segundo trámite legislativo en el Senado.

Políticamente, ganan los pasajeros y los familiares que piden mayor fiscalización, y ganan los sectores que buscan endurecer normas de seguridad vial. Pierden, en el corto plazo, las empresas de transporte que deberán asumir costos administrativos y controles adicionales, y los choferes que enfrentarán mayor supervisión laboral y sanitaria. Para el ciudadano común, el efecto esperado es mayor sensación de seguridad en buses y micros, pero dependerá de la capacidad del Estado para fiscalizar y aplicar sanciones.

Históricamente, la iniciativa encaja en demandas recurrentes por mayor control de conductores profesionales tras accidentes de alta gravedad. El principal desafío práctico ahora será diseñar los protocolos de aplicación, la periodicidad efectiva de los exámenes, y los mecanismos de verificación de los informes que las empresas enviarán al Ministerio de Transportes. En el Senado se decidirá si se mantienen las obligaciones tal como salieron de la Cámara o si se introducen normas sobre procedimientos, privacidad laboral y recursos para fiscalización.