La memoria 2025 de la empresa Conexión, creada para desarrollar, construir y operar la primera línea de transmisión eléctrica de corriente continua, revela que la sociedad está involucrada en seis procedimientos judiciales de distinta naturaleza, frente a dos que reportó en 2024. La megainfraestructura, conocida como la megalínea Kimal-Lo Aguirre, conectará Antofagasta con la Región Metropolitana y moviliza una inversión estimada en US$ 1.500 millones. La compañía apunta a que la obra entre en operación en mayo de 2029, según la planificación vigente, y subraya que la ejecución se realiza bajo criterios de seguridad y cumplimiento ambiental, sin interferir con el proceso institucional.

Entre los litigios destacan, en lo civil, un caso por nulidad de un contrato de servidumbre suscrito entre Conexión y un predio afectado por el trazado y otro por servidumbre minera donde la firma ha solicitado el rechazo del derecho. Además, hay dos controversias de naturaleza laboral y, en la vía administrativa, dos procedimientos contenciosos: una reclamación de un tercero respecto de la concesión eléctrica definitiva para un tramo del trazado y un recurso de protección presentado por propietarios de predios no afectados por la línea. En la memoria se especifica que, en algunos juicios, Conexión no es parte directa.

La empresa añadió que, frente a posibles efectos adversos si alguno de estos casos se resuelve desfavorablemente, su postura es actuar con prudencia, evitando interpretaciones anticipadas que interfieran con la tramitación institucional. La obra continúa avanzando conforme a la planificación vigente, enfatizaron, señalando que la construcción se desarrolla con apego a hitos y obligaciones ambientales y sin afectar la seguridad de suministro. En paralelo, el proyecto mantiene su calendario, con avances relevantes en etapas de diseño, permisos y contratación.

La situación aporta una mirada sobre el terreno de cara a Chile, donde la seguridad y la estabilidad regulatoria de infraestructuras energéticas de gran escala condicionan la inversión y la confiabilidad de la red. En un contexto regional de multipolaridad energética, cada controversia judicial puede ampliar o retrasar el ritmo de desarrollo de proyectos clave para la transición energética, empresas privadas y proveedores, así como para los consumidores que esperan tarifas competitivas y mayor seguridad de suministro. En Chile, estos procesos también enfatizan la necesidad de un marco regulatorio claro que permita equilibrar derechos de propiedad, intereses comunitarios y la demanda de infraestructura crítica.

Conexión no solo defiende su derecho a la inversión y al cumplimiento de estándares ambientales, sino que también enfrenta el escrutinio público sobre cómo se gestionan las servidumbres y las compensaciones, un tema sensible en regiones con comunidades y predios cercanos a obras de gran escala. A la vez, el desarrollo de la megalínea continúa, con un enfoque que la firma describe como prudente y orientado a minimizar impactos sociales y ambientales mientras se garantiza la conectividad entre Antofagasta y Santiago y se fortalece el sistema eléctrico nacional.