Esta semana comenzó un juicio histórico en el que Mark Zuckerberg, fundador y director ejecutivo de Meta, declaró como el testigo más esperado por la responsabilidad de su empresa en el deterioro de la salud mental de adolescentes.

La demanda busca probar que las plataformas digitales son tan adictivas como el tabaco o los tragamonedas, y que las compañías no protegieron a menores de edad de sus efectos. En la sala comparecieron familiares de jóvenes que, según relatan las querellas, han sufrido depresión, intentos de suicidio y desórdenes alimenticios vinculados al uso intensivo de redes sociales.

En su declaración, Zuckerberg sostuvo que el propósito de la compañía sigue siendo, como cuando la creó, “ayudar a la gente a estar conectada”, y admitió además que Instagram reaccionó “demasiado tarde” para detectar y frenar el uso masivo de menores de 13 años.

La escena judicial revive el ethos de Silicon Valley resumido en el lema "move fast and break things" —muévete rápido y rompe cosas— y pone en tensión una forma de innovación que, en palabras del ensayista francés Gilles Lipovetsky, ha contribuido a la formación de una “civilización del poder sin límites”. Los barones tecnológicos alcanzaron una influencia y acumulación de recursos que hoy son objeto de escrutinio público y legal.

En el centro del caso está Meta, dueña de Instagram y Facebook, que según los documentos citados en la causa suma más de 3.500 millones de usuarios entre todas sus aplicaciones. Los abogados de las familias intentan establecer paralelos entre los diseños de producto pensados para maximizar el uso y los daños psíquicos que experimentan niñas, niños y adolescentes.

Aunque el juicio ocurre en Estados Unidos, el debate tiene ecos en Chile y América Latina: profesionales de la salud, docentes y familias han planteado preocupaciones similares sobre la exposición temprana a algoritmos y la mercantilización de la atención. La discusión ya no es solo sobre privacidad o modelos de negocio, sino sobre el papel cultural que esas plataformas desempeñan en la formación de identidades y cuerpos jóvenes.

Los resultados de este proceso podrían sentar un precedente jurídico para miles de demandas en curso y obligar a cambios en el diseño de producto, políticas de moderación y regulación estatal. Más allá de la sala, lo que está en juego es una discusión cultural sobre hasta dónde la sociedad tolera un crecimiento tecnológico sin límites y qué obligaciones deben asumir las empresas frente a la salud pública.

En los próximos meses se esperan nuevas audiencias y declaraciones que definirán si este juicio es un punto de inflexión legal o el inicio de una larga batalla para poner límites a la lógica de expansión de las grandes plataformas.