Matías Insunza, profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Chile y consejero del Colegio de Abogados, respaldó la propuesta de la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, formulada en el discurso inaugural del año judicial en el Palacio de los Tribunales, de conformar una mesa de trabajo para fijar un mecanismo que fiscalice la calidad ética de los abogados.
El llamado de la presidenta, según Insunza, toca un nervio del sistema de justicia chileno. En su evaluación, la utilización de la nave central del Palacio en vez de la sala de pleno fue un gesto simbólico de apertura, y el hecho de que sea la primera mujer en presidir la Corte Suprema añade peso político y cultural al diagnóstico sobre la crisis de confianza en los tribunales.
Insunza, quien habla a título personal, dijo que la idea de revisar la ética profesional no es nueva en los espacios internos del Poder Judicial ni entre colegios y asociaciones de abogados, pero que ahora adquiere urgencia. Enfatizó que el Código Orgánico de Tribunales, la normativa que regula procedimientos del Poder Judicial y requisitos para el ejercicio profesional, contempla estándares que deben cumplirse para el otorgamiento y la conservación del título de abogado.
El profesor fue directo sobre las consecuencias que espera del eventual mecanismo sancionatorio: "Hay personajes que cometieron actos gravísimos y siguen ejerciendo como abogados. Eso es inaceptable". Para Insunza, no solo se trata de sancionar faltas menores, sino de contar con procedimientos que permitan, en casos extremos, despojar del título a quienes cometan faltas gravísimas.
La propuesta ha abierto debate en círculos jurídicos, donde algunos defienden mecanismos internos de autocontrol y otros advierten sobre garantías procesales. Insunza evitó pronunciarse en nombre del Colegio de Abogados y recordó que cualquier reforma debe respetar las exigencias de debido proceso y las normas vigentes.
La creación de la mesa de trabajo, por ahora anunciada en el discurso inaugural, carece de cronograma público y de la composición definitiva de sus integrantes. Queda por ver si incluirá representantes del Poder Judicial, del Colegio de Abogados, de universidades y de la sociedad civil, y qué atribuciones concretas tendrá para proponer reformas legislativas o reglamentarias.
En el fondo, la discusión abre una conversación mayor sobre la legitimidad de la profesión jurídica en Chile y sobre cómo las instituciones responden a la demanda ciudadana por transparencia y responsabilidad. Si la mesa avanza, será un termómetro de la disposición del sistema a corregir prácticas que, según voces como la de Insunza, erosionan la confianza pública.
