En la última sesión de la Comisión Mixta Especial de Presupuestos, realizada en el Congreso antes del cambio de gobierno del 11 de marzo, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, afrontaron un cruce áspero con parlamentarios de la oposición sobre la llamada herencia fiscal del gobierno de Gabriel Boric, presidente de Chile.

El debate se centró en el cierre fiscal 2025. Los balances sorprendieron al mercado y a la oposición, con el balance estructural en -3,6% del PIB y el balance efectivo en -2,8% del PIB. La administración defendió además que la deuda pública terminó en 41,7% del PIB, el mismo nivel de 2024.

Grau explicó que los ingresos fiscales crecieron 6,4% entre enero y septiembre, pero que en el cuarto trimestre se desviaron de lo proyectado, por lo que propuso crear una comisión de expertos para analizar esa evolución. Respecto al gasto, el ministro sostuvo que "los gastos han ido cayendo como porcentaje del PIB a un nivel similar al de 10 años atrás" y que el incremento del gasto fue la mitad de lo observado en administraciones previas. Sobre la transparencia, rechazó las acusaciones de ocultamiento: "La información se conoce públicamente con solo un mes de rezago", dijo.

La oposición replicó que, más allá de cómo se reporten los números, el gasto no se ajustó en la magnitud necesaria dada la disponibilidad de ingresos y que eso dejó un espacio fiscal más estrecho para la próxima administración. Parlamentarios opositores también aludieron a críticas de expertos sobre la metodología del cierre y exigieron mayor detalle sobre partidas y compromisos futuros.

Históricamente, Chile ha mezclado períodos de disciplina fiscal con episodios de mayor gasto contracíclico. En ese contexto, el contraste entre balances estructural y efectivo abre el debate sobre la sostenibilidad del modelo de gasto y la flexibilidad fiscal para responder a shocks. La discusión también pesa sobre la percepción de la gestión del gobierno de Gabriel Boric en su tramo final, y condiciona el punto de partida para el presupuesto 2026.

Quién gana y quién pierde depende del horizonte político: el gobierno intenta preservar la narrativa de control del gasto y estabilidad de deuda; la oposición busca mostrarse como alertadora de riesgos fiscales y condicionar la agenda fiscal del próximo gobierno. Para el ciudadano común, la disputa tiene efectos concretos: afecta la capacidad del Estado para financiar programas sociales, inversiones públicas y la presión sobre impuestos o ajustes en servicios en 2026.

El cierre de la sesión dejó en evidencia la falta de acuerdo sobre las causas del desvío de ingresos y sobre la profundidad de eventuales correcciones al gasto. El próximo paso anunciado por el Ejecutivo es avanzar con la comisión de expertos, mientras que la Cámara y el Senado podrían exigir información adicional en las semanas que vienen, con la mirada puesta en el presupuesto del año entrante.