Según cifras recopiladas por Libertad y Desarrollo (LyD) a partir de datos de la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, las listas de espera del sistema público superan más de 2,4 millones de personas a nivel nacional. Los datos muestran un incremento de 434.465 pacientes desde el inicio del gobierno del presidente Gabriel Boric.
LyD, el centro de estudios que entregó las cifras, señala además un aumento del 21% en las listas de espera entre el primer trimestre de 2022 y el último trimestre del año pasado, según el desglose de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Esos números fueron puestos en público por los parlamentarios electos del Partido de la Gente (PDG) como eje de su denuncia sobre la gestión en salud.
Patricio Briones, diputado electo del PDG por la región del Biobío, sostuvo que la situación regional refleja la realidad nacional y señaló «los hospitales del Biobío están luchando contra una alta demanda, pero también contra la falta de infraestructura y recursos». Flor Contreras, diputada electa por la región de La Araucanía, dijo que las comunidades enfrentan esperas inaceptables para atención especializada. Fabián Ossandón, diputado electo por la Región de Antofagasta, añadió que la lista de espera es la frustración acumulada de miles de personas. Tamara Ramírez, diputada electa del PDG, respaldó las críticas del grupo.
En ese contexto, los diputados reclamaron medidas concretas para reducir los tiempos de espera y mayor inversión en infraestructura y personal. Señalaron que detrás de cada cifra hay pacientes que postergan cirugías, consultas y tratamientos, y que eso tiene impacto directo en la calidad de vida de las comunidades afectadas.
Históricamente las listas de espera han sido un problema estructural en la salud pública chilena que gobiernos anteriores también enfrentaron, pero la tasa y la magnitud del aumento reciente ofrecen a la oposición un argumento potente frente al electorado. Quien gana políticamente con esta discusión es el PDG y la oposición que puede capitalizar la percepción de deterioro en salud; quien pierde es el gobierno del presidente Gabriel Boric, y sobre todo los usuarios del sistema público.
La administración de La Moneda, en otras instancias, ha destacado proyectos y obras en salud, como la colocación de la primera piedra del Hospital de Licantén, argumento usado por el Ejecutivo para defender respuestas estatales en obras físicas. Sin embargo, los diputados del PDG sostienen que esas iniciativas no se traducen, por ahora, en una reducción de las listas ni en atención más oportuna.
El aumento del 21% y los más de 2,4 millones de personas en espera obligan a preguntar por la gestión, la priorización del gasto y la capacidad operativa del sistema público. A corto plazo, la discusión debería derivar en medidas específicas de reducción de listas, mayor transparencia en la asignación de recursos y plazos concretos de ejecución; en política, la presión sobre el gobierno aumentará si las cifras no muestran reversión.
Los próximos pasos dependeren de si el Ministerio de Salud entrega una respuesta técnica y un plan de acción claro, y de si el Congreso impulsa medidas legislativas o fiscalizaciones sobre el tema. Mientras tanto, la evidencia estadística que presentó LyD quedó en manos de los diputados del PDG como un argumento central de su crítica al mandato de Gabriel Boric.
