La Delegación Presidencial Regional de Valparaíso puso a San Antonio en el centro del debate penitenciario al señalarla como la principal opción para construir un nuevo recinto carcelario en la zona. El delegado presidencial Manuel Millones fundamentó la elección en dos problemas concretos del penal actual: el hacinamiento que registra la cárcel comunal y su emplazamiento bajo la cota de inundación, situación que la vuelve incompatible con las exigencias mínimas de seguridad.
El anuncio generó respaldo técnico, pero condicionado. Especialistas consultados coincidieron en que ampliar la capacidad carcelaria regional es una necesidad real, y reconocieron a San Antonio como una alternativa viable. La condición que pusieron fue precisa: el proyecto debe ubicarse fuera del radio urbano de la ciudad, con áreas de resguardo perimetral que garanticen el control adecuado del recinto y eviten comprometer el desarrollo habitacional de los sectores aledaños.
Los expertos también indicaron que el establecimiento debe cumplir con exigencias de conectividad vial, requisito operativo básico para este tipo de infraestructura. Sin esas condiciones, advirtieron, cualquier emplazamiento urbano o semiurbano generaría conflictos tanto para el funcionamiento del recinto como para el entorno.
La Delegación Presidencial no precisó plazos para formalizar la decisión ni detalló las características del terreno que se evaluaría.
