Desde su llegada a la Contraloría General de la República en noviembre de 2024, Dorothy Pérez, quien es la primera mujer en ejercer la presidencia del organismo, impulsó una fiscalización reforzada sobre la emisión de licencias médicas. Esa estrategia incluyó cruces masivos de datos, auditorías y la apertura de sumarios administrativos durante 2025, según el informe difundido esta semana por la Contraloría.
De acuerdo con los datos oficiales, las acciones de control se orientaron a revisar antecedentes vinculados al Fondo Nacional de Salud, Fonasa, y a las isapres, las instituciones de salud previsional privadas, para detectar posibles licencias fraudulentas o extensiones sin respaldo clínico suficiente. La Contraloría sostiene que ese conjunto de medidas contribuyó a una caída marcada en la cantidad de documentos emitidos en el sistema.
El organismo informó que la reducción equivale a cerca de un millón menos de licencias y que el efecto sobre el gasto fiscal alcanza un ahorro estimado de US$675 millones en 2025, vinculado a la menor emisión de subsidios por incapacidad laboral y al control de pagos indebidos. La Contraloría también señaló que continuó con remisiones de antecedentes a los organismos competentes cuando correspondía.
Estas cifras provienen del informe de la Contraloría y reflejan la versión institucional de causa y efecto: la entidad atribuye la caída de licencias a la intensificación de sus fiscalizaciones. Sin embargo, la relación entre la fiscalización y la reducción neta en subsidios puede obedecer a factores múltiples, como cambios en prácticas clínicas, variaciones en la demanda de licencias o ajustes administrativos. En ese sentido, aún faltan análisis independientes que confirmen que todo el ahorro corresponde a la eliminación de pagos indebidos.
Para medir el impacto real en la protección social, será clave que Fonasa, las isapres y el Ministerio de Salud publiquen sus propios análisis sobre la composición de esa caída: cuántas licencias derivaron en procesos disciplinarios, cuántas se rechazaron por falta de respaldo clínico, y si hubo efectos sobre el acceso de trabajadores a reposo médico cuando lo necesitan.
El resultado, además, reaviva el debate sobre sostenibilidad fiscal y control del gasto público en salud. Por un lado, la reducción de pagos indebidos es un objetivo legítimo para proteger recursos públicos. Por otro, expertos en salud laboral y representantes sindicales han señalado en otros contextos que controles excesivos pueden generar barreras para quienes sí requieren licencia. La Contraloría dijo que seguirá con sus auditorías, por lo que las cifras y sus implicancias seguirán siendo tema de fiscalización y discusión pública en los próximos meses.
