La Escuela de Formación de Carabineros (Esfocar) de Ovalle enfrenta una denuncia por presuntos hechos de connotación sexual. Carabineros informó la apertura de una investigación administrativa y la desvinculación de un funcionario, pero persiste el hermetismo institucional sobre el destino de los antecedentes.
El medio local El Ovallino consultó a Carabineros a nivel regional y central, y también a la Fiscalía Militar, sin obtener una confirmación sobre la fecha de envío ni sobre el ingreso formal de la causa a esa jurisdicción. Carabineros había comunicado inicialmente que los antecedentes serían remitidos a la instancia judicial correspondiente, pero hasta ahora no se ha podido verificar esa remisión.
Desde el Ministerio Público, que agrupa a las fiscalías, indicaron que la causa no ha ingresado a esa institución y precisaron que, por tratarse de hechos que habrían ocurrido al interior de un recinto policial, la competencia correspondería a la Fiscalía Militar. Esta versión entra en tensión con declaraciones institucionales posteriores.
El seremi de Seguridad Pública, Adio González, condenó los hechos y afirmó que "es efectivo. El funcionario fue dado de baja y el caso lo investiga la Fiscalía Militar. La supervisión es permanente", destacando que, según su visión, existen protocolos claros en Carabineros para enfrentar situaciones que revisten características de delito.
Hay, sin embargo, una diferencia puntual entre lo que sostiene el seremi y lo informado por el Ministerio Público y por las indagaciones periodísticas: la Fiscalía Militar no ha confirmado públicamente el ingreso de los antecedentes y Carabineros no ha entregado la fecha de remisión. Esa falta de confirmación es la que mantiene el llamado hermetismo institucional.
En lo inmediato, la institución tiene abierta una pesquisa administrativa interna y el funcionario en cuestión fue desvinculado. Queda pendiente la determinación formal de la jurisdicción que investigará de manera penal, y la aclaración, por parte de Carabineros o de la Fiscalía Militar, sobre si los antecedentes ya fueron traspasados.
El caso recalca tensiones más amplias en torno a la transparencia y la rendición de cuentas en instituciones de seguridad. Para familias y vecinos de Ovalle, y para la opinión pública, la confirmación del curso procesal —si la investigación avanza en la Fiscalía Militar o queda en otra instancia— será clave para evaluar las medidas disciplinarias y las posibles acciones penales.
El Ovallino continúa las consultas a las instituciones involucradas; la expectativa ahora es que Carabineros entregue la constancia de remisión o que la Fiscalía Militar confirme el ingreso formal de la causa, pasos que definirán los próximos avances en la investigación.
