El Gobierno de José Antonio Kast reactivó el cobro de las cuotas morosas del CAE (Crédito con Aval del Estado, el préstamo universitario garantizado por el fisco), y con eso puso en primer plano a la TGR (Tesorería General de la República), el organismo encargado de recuperar las deudas que personas y empresas mantienen con el Estado.
Los números dan cuenta del tamaño del problema. Más de 550 mil personas están en mora, y la cartera impaga supera los $4 billones. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, precisó que esa deuda era de $500 mil millones en 2018. "La morosidad ha aumentado 8 veces", sentenció. El problema se multiplicó sin que nadie lo atajara: desde 2017 el Estado no ejecutaba ninguna acción de cobro.
El costo para todos los chilenos es concreto. Cada año, el Gobierno gasta US$500 millones para compensar a los bancos por los créditos impagos. Así funciona el sistema: cuando un estudiante deja de pagar el CAE, los bancos no son quienes absorben la pérdida; lo hace el fisco. "Cuando alguien no paga el CAE, el que pierde es el Estado de Chile", subrayó Quiroz.
La TGR tiene herramientas de cobro que van mucho más allá del pago de impuestos. Puede retener devoluciones tributarias, iniciar procesos judiciales y embargar bienes. Para miles de deudores, el primer contacto real con la Tesorería llegó en los últimos meses, ya que gran parte nunca había tenido relación directa con sus mecanismos de cobranza.
El proceso desató disputas legales, con resoluciones judiciales contrapuestas sobre los embargos a deudores del CAE. Desde el Ejecutivo insisten en que el cobro es legítimo: el dinero se debe, y casi una década de inacción no lo hizo desaparecer.
