El Juzgado de Garantía de Puerto Montt decretó arraigo nacional y firma mensual para dos personas formalizadas por receptación de cables y elementos de alumbrado público pertenecientes a la Municipalidad de Puerto Montt, en una audiencia cuya fecha no fue informada por el tribunal; un tercer imputado ingresó a cumplir pena efectiva en una causa distinta.
La Unidad Penal Municipal (UPM) de Puerto Montt presentó una querella criminal contra los tres detenidos, tras un operativo de Carabineros que permitió la incautación de materiales municipales. Según la UPM, se recuperaron especies y elementos del alumbrado público valuados en 2.250.000 pesos, además de 80 kilos de cables de cobre, cinco faroles y cuatro luminarias. También se encontraron 3.500 medidores desarmados que, según la municipalidad, pertenecen a la empresa Suralis.
Carabineros detuvo a los sospechosos durante el operativo y la fiscalía investiga los hechos junto a la UPM, que pidió prisión preventiva para los imputados. La Justicia, en cambio, optó por medidas cautelares menos gravosas para dos de ellos, dejando prisión efectiva únicamente al tercero por otra causa, según el expediente.
Mauricio Guzmán, abogado de la Unidad Penal Municipal de Puerto Montt, destacó el impacto social del delito: "el robo de cables es un delito que estamos persiguiendo con firmeza, ya que no solo afecta bienes municipales, sino que provoca graves perjuicios a la comunidad al dejar sin luminarias a distintos sectores". Guzmán mencionó que han registrado incidentes en sectores como Alerce, La Vara y la zona del Viaducto, y atribuyó parte de la reducción de estos hechos a la coordinación con Carabineros y el Ministerio Público.
El robo de cables y metales no es sólo un perjuicio patrimonial, también transforma la experiencia urbana: calles que deberían ser seguras quedan a oscuras y barrios pierden el servicio esencial que articula la vida nocturna y la percepción de seguridad. La causa en Puerto Montt sigue abierta; la UPM mantiene la querella y la investigación continúa en manos de la fiscalía y Carabineros, que deberán acreditar la procedencia de los materiales y la eventual vinculación de los imputados con redes de receptación.