La semana cerró con la discusión fiscal en el centro del debate político en Chile, después de que la Dirección de Presupuestos, liderada por Javiera Martínez, informara un desvío en las metas que dejó al déficit estructural en 3,6% del PIB para 2025. Ese golpe a la cifra fiscal reavivó el cruce entre el Gobierno saliente y la administración entrante sobre quién será responsable de las correcciones necesarias en el traspaso.

En el plano político la tensión subió rápido. José Antonio Kast, presidente electo de Chile, afirmó que el ajuste comenzará “desde el día uno”, instalando el déficit como la primera gran batalla económica del cambio de mando. La vocera del Ejecutivo, Camila Vallejo, atribuyó el desbalance a una caída de ingresos mayor a la prevista, en particular por la menor contribución de grandes contribuyentes al fisco. Por su parte, el mundo empresarial, representado por Susana Jiménez, presidenta de la CPC, la Confederación de la Producción y del Comercio, dijo que el problema también tiene una dimensión de gasto, y calificó como “no realista” la meta de 1,1% del déficit establecida en el Presupuesto 2026.

El Consejo Fiscal Autónomo, el órgano independiente que vigila la disciplina presupuestaria, advirtió sobre el deterioro de las cuentas y cuestionó las proyecciones de ingresos para 2026. Frente a ese escenario, el equipo entrante plantea un recorte del gasto público por US$ 6.000 millones en 18 meses, cifra que será determinante para la continuidad de programas sociales y para la negociación política del nuevo Gobierno.

En paralelo a la discusión doméstica, un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos terminó la semana con impacto global al impedir las tarifas que el presidente norteamericano había impuesto a la mayoría de sus socios comerciales. El veredicto y la creciente volatilidad en la política exterior de Washington —en un momento en que la administración ha anunciado además medidas como un cese reportado de visados cuyos detalles no han sido totalmente aclarados públicamente— aumentan la incertidumbre sobre el comercio internacional y las cadenas de suministro.

Para Chile, esas tensiones internacionales importan. El ciclo del cobre sigue entregando recursos: las cifras de las mineras mostraron una bonanza que ayuda a las arcas públicas, pero esos ingresos no compensaron la caída de recaudación proveniente del sector privado, según Hacienda. La combinación de menor ingreso tributario privado y expectativas de ajuste fiscal elevan el nerviosismo de los mercados, lo que puede presionar al tipo de cambio y condicionar la postura del Banco Central de Chile sobre tasas de interés.

En términos prácticos, el nuevo gobierno enfrentará una trama compleja: corregir las cifras sin profundizar la pobreza ni desarmar compromisos electorales, mientras gestiona la percepción de inversionistas y mantiene la estabilidad macroeconómica. Los próximos pasos serán concisos y técnicos: revisión conjunta de las proyecciones fiscales entre Hacienda y el equipo entrante, definiciones sobre el alcance del recorte de gasto y señales claras a los mercados sobre la sostenibilidad de la deuda. A la vez, las decisiones que vienen desde Washington sobre comercio y visados añadirán un factor de riesgo externo que los ministros de Hacienda y Relaciones Exteriores deberán monitorear de cerca.