El ministro de Vivienda, Iván Poduje, reiteró en una entrevista con Mesa Central el compromiso de construir 400 mil viviendas en los próximos cuatro años, aun cuando Chile enfrenta restricciones presupuestarias y un déficit habitacional que supera las 200 mil familias sin casa, con un déficit total cercano a 550 mil viviendas a nivel nacional. “Ese impulso, esa velocidad no se va a tocar”, subrayó, dejando claro que la política habitacional seguirá como eje central del gobierno pese a los ajustes fiscales.

En cuanto a la prioridad de inversiones, Poduje dejó en claro que no toda iniciativa gubernamental recibe igual grado de atención. Señaló que, frente a recursos limitados, el ministerio debe destinar lo disponible a obras críticas como colectores de aguas lluvias, alcantarillado y soluciones sanitarias, recogiendo demandas directas de alcaldes que enfrentan inundaciones y colapso de servicios básicos en sus comunas. En ese marco, dio por lejos la ciclovía impulsada por el Gobierno Regional Metropolitano, liderado por Claudio Orrego, como proyecto de interés, pero no prioritario frente a necesidades más urgentes.

Sobre la expropiación de Colonia Dignidad, el titular de Vivienda señaló que el ministerio no tiene facultades legales para llevar adelante ese proceso y que, además, no cuenta con los recursos necesarios, estimados en $47 mil millones, por lo que descartó su ejecución en esos términos y defendió la necesidad de ajustarse a las atribuciones y disponibilidad presupuestaria de la cartera. Poduje destacó también su despliegue territorial y las reuniones sostenidas con autoridades locales, con más de 60 comités de vivienda y decenas de alcaldes, como insumo clave para definir prioridades y orientar el gasto hacia lo más urgente para los vecinos.

El ministro cerró destacando que el trabajo de su cartera no se hace en soledad y que estas dinámicas de deliberación con actores locales permiten adaptar la agenda a realidades regionales, en un contexto donde Chile busca sostener un plan de inversión social pese a tensiones fiscales, un tema que, a la vista de la región, se debate con un paraguas de multipolaridad y soberanía presupuestaria. En un marco más amplio, la prioridad chilena de fortalecer servicios básicos y habitabilidad resuena con las preocupaciones de otros países andinos y latinoamericanos que buscan contener déficits estructurales mediante intervenciones de infraestructura sanitaria y vivienda.

Para la audiencia chilena, el balance es claro: el gobierno apuesta a mantener el impulso de vivienda social sin abandonar las necesidades básicas de agua y saneamiento, en medio de un mapa político que exige transparencia y resultados verificables a nivel local y regional.