En Tarapacá, la fiscalía regional anunció la designación de María Teresa Osorio como jefa de la Unidad de Víctimas y Testigos, conocida como URAVIT, pero horas después la retractó. Virginia Aravena explicó que la decisión se basó en criterios de confianza profesional y experiencia, pero admitió que las circunstancias podrían afectar la percepción de imparcialidad del Ministerio Público. Osorio, ex funcionaria con antecedentes en la fiscalía, dejó en claro que había aceptado el cargo previamente.
La controversia se originó porque Osorio es esposa de Andrés Provoste, magistrado de la Corte de Apelaciones de Iquique, quien apoyó la candidatura de Aravena para la fiscalía regional tras la salida de la actual ministra de Seguridad, Trinidad Steinert. El cuestionamiento llegó incluso desde el ex fiscal Carlos Gajardo, que señaló en X que el vínculo entre un ministro de Corte y una candidata a fiscal regional genera dudas sobre la transparencia del proceso. «Un ministro de Corte vota por una candidata a fiscal regional, que con ese voto queda en terna y es designada fiscal regional en Iquique. Luego la fiscal nombra a la cónyuge del ministro en un alto cargo directivo. Así siguen funcionando las cosas».
Ante la presión, Aravena comunicó la renuncia de Osorio, decisión que fue aceptada. En un nuevo comunicado, la fiscal regional sostuvo que «la decisión adoptada fue realizada considerando exclusivamente criterios de confianza profesional, experiencia y conocimiento previo del trabajo de la persona designada», pero añadió que la designación debió haber sido evaluada con mayor cuidado para evitar dudas de imparcialidad. Por lo mismo, reiteró su compromiso con la probidad, la transparencia y la objetividad que rigen al Ministerio Público, y anunció la ausencia de esa candidata para el cargo. Esta situación abre un debate sobre límites entre relaciones personales y nombramientos en el aparato judicial, y podría marcar criterios para futuras designaciones en la región.
URAVIT, la Unidad de Víctimas y Testigos del Ministerio Público, continúa siendo tema de análisis en Tarapacá, donde los próximos meses podrían entenderse como una prueba de confianza institucional ante la ciudadanía.
