La Comisión de Hacienda de la Cámara aprobó un récord histórico de 1.603 indicaciones para el megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica impulsado por el gobierno del presidente José Antonio Kast. Tras el llamado acuerdo de caballeros, la sesión avanzó y permitió despachar la iniciativa, pese a la tensión previa. El Ejecutivo abrió negociaciones con la oposición, en particular con la Democracia Cristiana, para sumar su apoyo a la idea de legislar. Álvaro Ortiz, diputado y presidente de la Democracia Cristiana, fue informado por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y luego por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sobre una contrapropuesta. “Lo que hemos hecho es mantener nuestro espíritu dialogante, conversando sin tanto show y haciendo cosas bastante más responsables”, dijo Ortiz, al explicar el giro en las conversaciones. En materia de invariabilidad tributaria, el Ejecutivo planteaba mantenerla a 25 años para nuevos inversionistas; la DC dio su visto bueno a bajarla a 20 años y sostuvo que debería ser de 15 años, un avance frente a las posiciones iniciales. También se dio por hecho que el Fondo Común Municipal no se tocaría, gracias a una compensación para los municipios. Sin embargo, no hubo acercamiento en la rebaja del impuesto a las empresas: la DC quería 25% y el megaproyecto plantea 23%. En las últimas semanas, el ministro Alvarado se había reunido por separado con Ortiz y otros diputados de la DC para avanzar en las propuestas, sin que ello significara un acuerdo definitivo. En paralelo, la UDI expresó malestar por la fórmula de condonación para los deudores del Crédito con Aval del Estado, el CAE, cuando pacten convenios de pago, lo que atrasó mayores avances en ese tema. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el ministro del Interior, Claudio Alvarado, lideran las negociaciones con las distintas coaliciones, en medio de un contexto de negociaciones que buscan evitar un roce mayor con la oposición y mantener el calendario del megaproyecto. En ese marco, el oficialismo sostiene que el proyecto es clave para reconstruir y reactivar la economía tras la crisis social y sanitaria, y que las reformas deben balancear intereses fiscales, municipales y educativos, sin perder de vista los plazos políticos y la presión de los distintos bloques.