Cecilia Valdés, presidenta de la Asociación de Casinos de Juego de Chile, compareció ante la Comisión de Economía del Senado para rechazar la decisión del Servicio de Impuestos Internos (SII) de permitir que casas de apuestas online ilegales paguen IVA, el impuesto al valor agregado.
Valdés fue directa: calificó de "gigante" la contradicción de que el propio Estado cobre impuestos a una actividad que él mismo declaró ilícita. Si el juego en línea es ilegal, cuesta explicar por qué el fisco lo recauda como si fuera un negocio cualquiera.
En Chile, los juegos de azar están prohibidos salvo excepciones expresas en la ley, como los casinos físicos que operan bajo concesión del Estado. Pero la realidad es otra: Valdés advirtió que hay más de 3.000 plataformas digitales de apuestas funcionando sin ninguna autorización, y que el número podría ser aún mayor.
Valdés también reveló que consultó a la UAF, la Unidad de Análisis Financiero, el organismo chileno encargado de combatir el lavado de dinero, y la respuesta fue clara: estas plataformas no están obligadas a reportar operaciones sospechosas. Para la asociación, eso las convierte en un canal con alto riesgo para el lavado de activos.
Los riesgos que Valdés expuso ante los senadores son concretos. Sin regulación, los consumidores no tienen a quién reclamar si una plataforma les falla. Los controles de ludopatía y juego infantil que la ley exige a los casinos regulados no aplican a estos sitios. El Estado tampoco recauda todo lo que podría: la circular del SII habilita el cobro del IVA, pero no el impuesto específico al juego que pagan los casinos con licencia.
"La legalidad no puede venir de la vía administrativa", señaló Valdés. Para el gremio, regular el juego en línea requiere una ley aprobada por el Congreso, no una circular interna. La posición de la asociación es que primero hay que resolver la situación legal de estas plataformas y solo entonces discutir la tributación.
