El Senado acordó priorizar el debate sobre levantar el secreto bancario por vía administrativa, tras un inusual doble empate que dejó el despacho del proyecto en la Comisión Mixta pendiente por el artículo controvertido. La decisión se toma en un contexto histórico de luchas entre poderes para definir el alcance de la Unidad de Análisis Financiero, creada para detectar movimientos sospechosos y prevenir el lavado de activos. En ese marco, el debate se centrará en si la Unidad de Análisis Financiero (UAF) puede levantar el secreto bancario en tres supuestos de operaciones sospechosas, cuando éstas sean reportadas o analizadas por personas jurídicas, a funcionarios públicos o cuando hayan sido reportadas por un banco.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, insistió en la postura del Ejecutivo: levantar el secreto sólo debe ser posible por la vía judicial. Según su visión, el acceso a la información debe pasar por un requerimiento formal, para evitar abusos y proteger derechos.

Senadores de oposición han llevado años pidiendo ampliar las facultades de la UAF y señalan la experiencia de la Operación Tokyo como una razón para reforzar la capacidad de fiscalización, argumentando que las alertas de bancos no bastan para frenar ilícitos. Como señaló la senadora del Partido Socialista, Daniela Cicardini, hay que valorar herramientas que permitan actuar tempranamente.

Por su parte, el Gobierno analiza un proyecto propio. El senador y Presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, afirmó que el levantamiento del secreto bancario es “absurda” porque ha existido como mecanismo útil para la UAF durante años. Plantea que el tiempo político debe dirigirse a fortalecer otros mecanismos que robustezcan la función del organismo dependiente del Ministerio de Hacienda.

La discusión se enmarca en una historia de tensiones entre poderes y en la necesidad de balancear derechos individuales con la prevención de delitos financieros. Este artículo podría definir, en las próximas semanas, si la Comisión Mixta avanza con el texto o se mantiene el requisito de vía judicial, con lo que el tema podría retornar al pleno del Senado para una votación final.

La próxima sesión de la Comisión Mixta se reanudará la próxima semana para continuar con la revisión del articulado y definir si se avanza hacia una votación en el pleno.