A las 21:57 del martes, el Tribunal Constitucional (TC) publicó su resolución sobre la ley de Escuelas Protegidas y desarmó el núcleo de lo que el gobierno de José Antonio Kast había construido como su principal apuesta contra la violencia escolar.

El fallo declaró inconstitucionales cuatro disposiciones. Entre ellas, la que obligaba a los establecimientos a informar a las policías cuando un estudiante se negara a que le revisaran la mochila. También cayó la norma que permitía a Carabineros o a la PDI (Policía de Investigaciones) revisar vestimentas y pertenencias de alumnos sin que mediara orden de un fiscal. Además, el TC rechazó las sanciones para conductas que interrumpieran clases y la restricción que impedía acceder a la gratuidad universitaria a estudiantes condenados por delitos graves.

No es un tropiezo menor. Escuelas Protegidas fue uno de los primeros proyectos de autoría propia del Ejecutivo y el que mejor representaba el sello que la administración Kast quiso imprimir en educación: mayores atribuciones para autoridades escolares y policiales, y sanciones más duras para quienes alteraran el orden en los establecimientos.

La oposición no esperó para reaccionar. La diputada Emilia Schneider, del Frente Amplio (FA), calificó el fallo como un "gran fracaso" para el Ejecutivo. Su par del Partido Comunista (PC), Luis Cuello, afirmó que el TC puso un "freno" a una ley de "inspiración autoritaria".

La ministra de Educación, María Paz Arzola, optó por una respuesta más contenida. En Radio Infinita, la secretaria de Estado dijo que el gobierno respeta la institucionalidad y las decisiones del tribunal, y subrayó que la ley mantiene otras herramientas que permitirán avanzar en seguridad escolar.

El desafío para La Moneda es sostener que la ley sigue siendo útil sin sus artículos más visibles. Las normas eliminadas eran precisamente las que le daban proyección política a la iniciativa: las revisiones sin orden fiscal y la restricción a la gratuidad eran las medidas más publicitadas del proyecto. El Ejecutivo deberá definir en los próximos días si impulsa ajustes legislativos o avanza con lo que el TC dejó en pie.