El jefe de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana, Héctor Barría, anunció este lunes que la Democracia Cristiana (DC), el actual oficialismo, y el Partido de la Gente (PDG) llegaron a un acuerdo para conformar la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados y la integración de las comisiones, información que, dijo, se formalizará “pronto” en un punto de prensa. La negociación ocurre a pocos días de la sesión de instalación que comienza este miércoles 11 de marzo.

Según fuentes que participaron de las conversaciones, y que confirmaron lo adelantado por Barría, el PDG obtendría la presidencia de la Cámara durante el primer año del periodo 2026-2030, a cargo de Pamela Jiles, diputada del Partido de la Gente. Además, la colectividad de Franco Parisi obtendría el cuarto año del mismo periodo, si se mantienen los votos que hoy se proyectan.

De acuerdo con esos cálculos, la suma del oficialismo y la DC alcanzaría 64 diputados, y con el PDG el bloque subiría a 78 diputados, el quórum requerido para aprobar el nombre del presidente o presidenta de la Cámara. Las fuentes señalan que el pacto podría llegar a 79 votos si se suma el independiente Carlos Bianchi, quien integró la bancada del Partido por la Democracia (PPD) en la pasada legislatura.

Históricamente, la presidencia de la Cámara se negocia por acuerdos entre bloques, a veces con rotaciones, y esta fórmula no es inédita. Sin embargo, el arreglo descarta por ahora un entendimiento transversal con la derecha, lo que reconfigura las expectativas políticas para la primera parte de la legislatura y para la distribución de las comisiones, espacios clave para la tramitación de proyectos.

Quién gana y quién pierde es claro en el corto plazo: el PDG y la DC consolidan influencia institucional al controlar la testera y la integración de comisiones, mientras que la derecha pierde la opción de entrar en la mesa por la vía de un acuerdo amplio. Para el oficialismo, el arreglo ofrece gobernabilidad inmediata en la Cámara, aunque implica concesiones políticas y cupos en comisiones que deberán ser negociados públicamente.

Para el ciudadano común, el impacto será indirecto pero real. La composición de la mesa y de las comisiones define la agenda legislativa, el ritmo de tramitación y la fiscalización al Ejecutivo. Un acuerdo que facilite votaciones puede acelerar proyectos de interés público, pero también reduce las oportunidades de debate si los cupos en comisiones consolidan mayorías cerradas.

Quedan puntos por confirmar. Barría prometió que el contenido del acuerdo, incluida la distribución de comisiones, se dará a conocer oficialmente. La vigencia del pacto dependerá de la confirmación de los votos en la sesión del miércoles 11 de marzo y de eventuales apoyos de independientes. Si esos respaldos se mantienen, Pamela Jiles asumiría la presidencia de la Cámara el primer año, conforme a lo que indican las fuentes consultadas.

En ese contexto, la atención estará en la formalización del acuerdo y en cómo se reparten las presidencias y secretarías de las comisiones. La negociación anticipa una Cámara con bloques que buscan gobernabilidad práctica, pero también abre la posibilidad de tensiones internas cuando lleguen las votaciones clave del gobierno y las fiscalizaciones parlamentarias.