La Contraloría Regional de O'Higgins detectó diversas irregularidades en la entrega de cédulas de identidad a extranjeros en la oficina del Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCeI) de Nancagua. Según informó Emol, el organismo instruirá un procedimiento disciplinario y enviará su informe final al Ministerio Público.
La Contraloría General de la República es el organismo autónomo que fiscaliza la legalidad de los actos de la administración del Estado y el uso de los recursos públicos. En este caso, realizó una investigación especial a la Dirección Regional del Registro Civil en O'Higgins.
El examen se centró en los trámites realizados entre noviembre de 2021 y diciembre de 2022 en la sede de Nancagua, además de algunos períodos posteriores. El Mostrador consignó como fecha de término diciembre de 2020, una cifra que no coincide con lo informado por Emol y Cooperativa.
La revisión surgió a partir de antecedentes judiciales vinculados a una presunta red dedicada a obtener de forma fraudulenta documentos de identificación para extranjeros. Los fiscalizadores analizaron 50 de los 136 documentos entregados a extranjeros en esa oficina.
El principal hallazgo apunta a la entonces oficial civil adjunto de Nancagua. Según el informe, ella tramitó y otorgó cédulas aun cuando la documentación adjunta no era válida, porque correspondía a otra persona o porque los papeles migratorios carecían de validez.
En otros casos no fue posible verificar la existencia ni la autenticidad de los estampados electrónicos que debían acreditar la situación migratoria de los solicitantes. Algunos de esos estampados no tenían el código QR que permite comprobarlos.
La Contraloría concluyó que esas actuaciones contravinieron las obligaciones fijadas en la Ley Orgánica del Servicio de Registro Civil e Identificación. También constató la inexistencia de controles adecuados para validar la documentación migratoria presentada por extranjeros.
El informe agrega otro antecedente. Investigaciones disciplinarias previas del propio Registro Civil terminaron sin determinar responsabilidades, pese a los hallazgos descritos. Las fuentes no detallan cuántos procesos internos hubo ni cuándo se cerraron.
Por eso, la Contraloría General instruirá un nuevo sumario para establecer las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados. Además, remitirá copia del informe al Ministerio Público, según Cooperativa, por la eventual comisión de delitos.
