En febrero, el Ministerio de Salud publicó una norma que autoriza el uso de escoria de cobre como árido artificial en pavimentación, mobiliario urbano y obras de infraestructura, confirmó la subsecretaria de Minería, Suina Chahuán.

El reglamento, aprobado tras la toma de razón de la Contraloría General de la República, fija los requisitos sanitarios para que el residuo de fundición pueda entrar al mercado de la construcción. La escoria de cobre, también llamada silicato de hierro, es el material que queda después del proceso de fundición; en construcción un "árido" es el material granular que forma la base de hormigón y pavimentos, como arena o grava.

Según el Ministerio de Minería, la publicación del Decreto N°46 cierra una espera de más de una década por parte del sector. La subsecretaria Chahuán sintetizó el sentimiento del rubro con la frase "La industria esperaba el decreto hace más de diez años". Grandes actores como Anglo American, Codelco y el Consejo Minero celebraron la norma y ofrecieron coordinación para hitos conjuntos.

Chile acumula en escoriales entre 50-60 millones de toneladas de escoria y produce alrededor de 4 millones de toneladas anuales adicionales. Eso significa que el stock histórico equivale a más de una década de generación al ritmo actual, y convierte el material en una fuente significativa de áridos si se certifica y procesa correctamente.

Los beneficios que destacan las autoridades y el sector son tres: menor extracción de áridos naturales, reducción de disposición en depósitos y una oportunidad para economía circular, al reusar un subproducto de la minería. Claudio Bustamante, jefe de la División de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Minería, ha señalado que las proyecciones son auspiciosas en términos sociales, ambientales y económicos.

No obstante, la autorización sanitaria es solo el primer paso para que el material llegue de verdad a las obras. Hace falta que empresas e instalaciones de procesamiento implementen controles, pruebas de laboratorio y trazabilidad para certificar que el árido cumple normas de calidad y salud. Además, corresponde vigilancia por parte del Ministerio de Salud y del Ministerio de Minería para asegurar que el uso no genere riesgos locales.

La subsecretaria también dijo que ya hay efectos concretos en comunidades como Catemu y Quintero, aunque los detalles públicos sobre proyectos específicos son limitados. En esos lugares, la norma puede acelerar iniciativas locales de pavimentación o gestión de residuos, pero requerirá coordinación con municipalidades y fiscalización ambiental.

A mediano plazo, la normativa puede reducir el costo y el impacto ambiental de obras públicas y privadas, y fomentar mercados para proveedores que transformen escoria en árido. El siguiente desafío será operacional: adaptar plantas, certificar calidad y construir confianza entre constructoras, municipios y comunidades. Si esos pasos se cumplen, la medida puede ser un ejemplo práctico de economía circular aplicada a la minería chilena.